JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia militar. . .
Corresponde distinguir los delitos cometidos en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo —a los que alude el art. 10, inc. 19, de la ley 23.049— de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional de facto procurando la destrucción de documentos que pudieran relacionarse con aquellos hechos; resulta insuficiente para asimilarlos la invocación de una decisión política común. .
° DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: - —I— .
La presente contienda positiva de competencia se suscitó a raíz de la inhibitoria planteada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadasal titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal a cargo del Juzgado N° 1.
A raíz de la apelación que dedujo la defensa; tomó intervención la —' Sala N° 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la que confirmó la decisión de grado. La insistencia del Consejo Supremo hace necesaria la intervención de V.E. para dirimir el conflicto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24, inciso 7, del decreto ley 1285/58.
En dicha investigación aparecen implicados los generales Reynaldo B. Bignone y Llamil Reston y los coroneles Carlos A. Tepedino y Carlos E. Lacal. Los dos primeros, por haber suscripto el mentado decreto —en el que se dispuso dar de baja las constancias de antecedentes relativos a las personas arrestadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional— y los segundos en punto a su responsabilidad tanto en el cumplimiento de las directivas que esa norma impone, como en la destrucción de documentación administrativa referida a pedidos de paraderos de presuntos desaparecidos durante el gobierno militar.
La justicia castrense sostuvo su competencia con el argumento de que los hechos que se les imputa a los encausados constituyen una
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Año: 1988, CSJN Fallos: 311:2372
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