entre ellos el de minería, no podrán alterar las jurisdicciones locales, "alteración que necesariamente acontece en el caso, desde el momento en que se transfiere el dominio de esos bienes (las minas) en beneficio del Estado Nacional, sin conformidad de las legislaturas provinciales" (fs. 28 vta.).
Se trata, a mi juicio, de una réplica endeble, fundamentalmente porque dimana de un equívoco. La jurisdicción a la que de modo plural se refiere el texto del citado inc. 11 es la contenida en su estricto significado semántico, que remite a la actividad jurisdiccional o a la competencia de los jueces que dicen el derecho y excluye, por ende, ala del poder legislativo local como, con error, lo aduce la actora. Esta misma así lo ilustra cuando cita la preocupación del Dr. Elizalde en el seno de la Convención de 1860, al reiterar el planteo de los convencionales de Buenos Aires, en el sentido de que si se atribuía al Congreso la facultad de dictar tales códigos, todas las causas caerían bajo la jurisdicción de la justicia nacional, destruyéndose el régimen federal fs. 33 vta.). Este punto, a su turno, daría pie a algunas de las críticas y reformas que hubo de recibir el proyecto del código elevado por el Dr.
Enrique Rodríguez y enviado por el Poder Ejecutivo al Senado en septiembre de 1885, el cual creaba una jurisdicción minera que precisamente contrariaba dicha norma constitucional. Cuadra consignar que en idéntico sentido se expresó la Corte en el considerando 10) del ya varias veces citado caso de Fallos: 301:341 , al decir que "la cortapisa indicada precedentemente se refiere al resguardo de las jurisdicciones locales y a la aplicación e interpretación de las normas comunes por los tribunales federales o locales, según corresponda".
Por lo demás, resulta obvio que el argumento ensayado no refuta, de todos modos, las razones de la Corte, pues si se aceptara que, respecto del tema minero, la potestad reconocida al Congreso Nacional de dictar el Código de Minería importó de suyo el reconocimiento, a su vez, de que dicho cuerpo determine el dominio, la ley que disponga sobre éste en modo alguno requerirá de la conformidad de las legislaturas locales, pues la voluntad provincial ya se expresó en aquel reconocimiento vertido en el acto constituyente.
—VI— Como otra tenue crítica contra el argumento básico que analizamos, se limita a deslizar la provincia accionante que "jamás podrá
Apoya a Universojus!
Compartir
65Citar Página
Para citar esta página puedes copiar y pegar la siguiente
referencia:
Año: 1988, CSJN Fallos: 311:1275
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-311/pagina-1275¿Has encontrado algún error en el texto?
Por favor, tenga en cuenta que los textos mostrados en esta página web pueden contener errores ortográficos o ser difíciles de leer debido al proceso de reconocimiento óptico aplicado a documentos antiguos extraídos de los PDF de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Puede acceder a los documentos originales en el siguiente enlace: CSJN en específico en el Tomo: 311 Volumen: 1 en el número: 1275 . Se recomienda utilizar los textos proporcionados aquí solo con fines informativos y considerar la fuente original para una referencia precisa.
Si encuentras algún error o tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos