mandante se encargó autónomamente de la planificación, ejecución y control de lo realizado por la fuerza a sú cargo, sin injerencia ni interferencia alguna de las otras. .
2.— Conforme se ha adelantado, el golpe de estado del 24 de .
marzo de 1976 no significó un cambio sustancial de las disposiciones legales vigentes a esa fecha en punto a la lucha contra la subversión.
Los comandantes militares que asumieron el gobierno, decidie. ron mantener el marco normativo en vigor, con las jurisdicciones "y competencias territoriales que éste acordaba a cada fuerza. Ahora bien, sin la declaración de zonas de emergencia que posibilitaran el dictado de bandos (art. 43, de la ley 16.970, y arts. 131/139, del Código de Justicia Militar), el sistema imperante sólo autorizaba a detener al sospechoso, alojarlo ocasional y transitoriamente en una —unidad carcelaria o militar, e inmediatamente disponer su libertad, o su puesta a disposición de la justicia civil o militar, o bien del Poder Ejecutivo (v. Directiva 404/75, Anexo 6 —Bases Legales—, ° PON 212/75 y DCGE 217/76; Placintara/75, Anexos "E" y "F"), Esto sólo sufrió una pequeña modificación con el dictado de la ley 21.460, que autorizó a las fuerzas armadas a actuar como autoridad pre ventora, más de acuerdo a las reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal.
.
Sin embargo, del análisis efectuado en los capitulos décimoprimero a décimonoveno, se desprende que lo acontecido fue radicalmente distinto. Si bien la estructura operativa siguió funcionando igual, el personal subordinado a los procesados detuvo a gran cantidad de personas, las. alojó clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo dependencia de las fuerzas armadas, las interrogó con torturas, las mantuvo en cautiverio sufriendo condiciones inhu manas de vida y alojamiento y, finalmente, o se las legalizó ponién dolas a disposición de «la justicia o del Poder Ejecutivo Nacional, se las puso en libertad, o bien se las eliminó físicamente.
Tal manera de proceder, que suponía la secreta derogación de las normas en vigor, respondió a planes aprobados y ordenados a sus respectivas fuerzas por los comandantes militares. .
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Año: 1986, CSJN Fallos: 309:289
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