miento jurídico. Una permitiría la realización de determinado acto.
y otra lo penaría.
Dice Soler que en la regla se agrupan las acciones que la ley directamente manda y que el sujeto directamente cumple y aquellas que sencillamente el derecho nó prohibe, (op. cit., T. I, p. 330). Agrega dicho autor que las expresiones deber, autoridad, cargo, tienen un. valor estrictamente jurídico, razón por la cual la acción realizada en cumplimiento de un deber es justa, cuando ese deber estaba jurídicamente impuesto o, en los demás casos, cuando la autoridad o el cargo eran funcionalmente atribuidos por el derecho. En los tres casos —dice— se actúan prescripciones positivas de la ley, realizadas por quien es justamente el órgano eje- cutor de esa voluntad. Por eso, el que cumpliendo un deber im queso por la ley, ejerciendo una autoridad o un cargo, realiza un ° heto típico que la ley le manda ejecutar, dadas ciertas circunstancias, no delinque, actúa el derecho (op. y loc. cit., comf. Núñez, T. 1 p. 400; Fontán Balestra, T. II, parágrafos 30 y 31).
La expresión ley tiene un sentido amplio,' comprensivo de .
toda regla general, sea dictada por el poder legislativo, o un reglamento, ordenanza o disposición municipal (Soler, op. cit. p. —332;. Núñez, T. I, p. 401).
Esta causal fue expresamente alegada. La tesis de una de las.
defensas reposa en el hecho de que toda regla jurídica que per mite la amenaza de. un bien jurídico tutelado excluye la delictuosidad del hecho que en su nombre se llevó a cabo, sobre la base de que resulta tan absurdo imaginar una ley que no deba ser ejecutada, como ver delito en la ejecución de la ley (actas de la audien- cia del art. 498, fs. 847).- Sostiene, que por ley se entiende toda disposición de carácter . general emanada de un poder público dentro de la esfera de sus atribuciones y que la ejecución de ella importa el cumplimiento de un deber en los términos del artículo 34, inciso 42, del código sustantivo. Dichas reglas jurídicas son los.
decretos 261, de febrero de 1965,.y 2770 de octubre del mismo año, a los que reputa base normativa del estado de guerra, a raíz del cual los actos típicos que se verificaron contra el enemigo se opeL
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Año: 1986, CSJN Fallos: 309:1546
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