habrán de tener sus agentes. Y que no solamente incumbe al Estado determinar unilateralmente las condiciones del empleo, sino que aún se reserva el derecho de modificarlas en la ejecución del mismo.
Y en el caso C. S. 192-436 esta Corte Suprema reiteró que el nombramiento de los empleados administrativos, la conservación de sus empleos y la jubilación, son materias ajenas al derecho común y no constituyen un contrato entre la Nación y dichos empleados. Ajustada o no a la ley una resolución sobre la materia, no importa un hecho o acto jurídico de los representantes de la Nación en la esfera del derecho privado que pueda servir de base a una acción civil de las previstas:en la ley n" 3952.
Que en presencia de tales antecedentes cabe concluir que el decreto del P.E. cuya validez se impugna y que condiciona la conservación del empleo ejercido por el actor a determinados requisitos —en el caso, el de opción— no viola el art. 17 de la Constitución Nacional.
Por ello se confirma la sentencia apelada de fs. 86 en cuanto pudo ser materia de recurso.
Tomás D. Casares — FeLire S.
Pérez — Justo L. ALvarez Roprícuez.
BELLOCQ E HITA v. DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONSTITUCION NACIONAL: Constitucionalidad e inconstitucio—— Impuestos y contribuciones provinciales. Transmisión graLa ley 3972 de la Prov. de Bs. Aires, en cuanto di Te la interpretación dada A e poa
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Año: 1948, CSJN Fallos: 210:93
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