no ha sido observado por ninguna de las partes litigantes, mereciendo la fe que la ley le dá a esta clase de documentos.
A fin de determinar el mérito de esta circunstancia, debemos analizar la prueba producida por la parte demandada con respecto a la comprobación de los hechos delictuosos que ocasionaron los perjuicios de que hace referencia el despacho telegráfico en cuestión.
A fs. 139 obra un oficio de la gobernación del territorio cuya parte pertinente, dice: "El primero de Octubre de 1920 se inició el paro de los trabajadores de campo en este departamento, asumiendo luego una situación de violencias que determinaron cel envío de fuerzas militares para sofocarlo. Donde más se acentuaron los daños por incendios y otros estragos a la propiedad, fué en la parte Oeste, comprendiendo las zonas del Lago Argentino, Fuentes del Coyle y Turbio. A fines de Enero de 1921, se disolvieron los grupos subversivos y poco después se normalizó la situación." Este informe también debe considerarse como un instrumento público, pues procede de una repartición nacional y evacuada en carácter oficial, la que no habiendo sido observada merece entera fe por tal razón.
De la prueba analizada precedentemente, llegamos a la siguiente conclusión :
a). Que por las consideraciones enunciadas de las letras A a D del cuarto capítulo de esta sentencia, está suficientemente demostrado que la hacienda trasladada a Chile por la sociedad demandada, lo ha sido de conformidad al permiso otorgado a tal efecto por la gobernación del territorio, según decreto que corre a fs. 176, y en virtud de facultades privativas de dicha autoridad, la que en esa época, se encontraba a cargo de la administración de las aduanas del territorio cuyo contralor estaba delegado a la Policia, el que en este caso era efectuado por el comisario de Policia de Cerro Palique, cuya comprobación está demostrada con el documento obrante a fs. 141, 151, 152 y última parte del decreto de fs. 176 vta.
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Año: 1929, CSJN Fallos: 156:259
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