tólica, Administrador Apostólico de la Aquidiócesis de Bue" nos Aires", invistiéndole, al efecto, de la plenitud de facultades y de todos los derechos propios del cargo y autorizándole, al propio tiempo, para nombrarse un Vicario General que resida en esta Capital.
Examinados los documentos relacionados, se advierte al punto que ninguno de ellos constituye ni un decreto de los concilios no una Bula, Breve o rescripto del Sumo Pontífice de Roma a que hace mención la Constitución en su art, 86, inc. 5.5, puesto que dichos documentos no emanan directamente de la Curia Romana sinó del Nuncio Apostólico aquí acreditado, el cual no ejerce jurisdicción en nuestro país ni tiene más po- r testad que la derivada de su simple ccrácter de Ministro representante del Sumo Pontifice y no puede poner en ejecución otros poderes ni facultades que los que le hayan sido conferidos por el Papa, cuyas respectivas Dulas, Breves o rescriptos conteniendo tales poderes y facultades debe previamente presentar y exhibir al gobierno de la Nación, dado que sólo con el beneplácito de este último y el acuerdo de V. E.
puede usar de ellos y ejecutarios o hacerlos ejecutar dentro del territorio de la República.
Ir otra parte, si bien en el decreto del señor Nuncio Apostálico se hace una vaga o ligera referencia a mandatos apostó- licos comunicados por telégrafo, cabe igualmente observar que no sólo se ha omitido poner de manifiesto ante el Gobierno Nacional esos comunicados telegráficos sinó que ni siquiera se han transcripto sis términos en el documento expedido por la nunciatura, de modo que tampoco les resulta posible al P. E.
N. ya V. E. ejercitar con pleno conocimiento de causa los poderes y facultades constitucionales que le competen, por cuano no es dable conocer el verdadero origen del nombramiento discernido y su naturaleza intra, ni analizar y juzgar de sus efectos legales con relación a las prerrogativas que e.vanan de del Patronato Nacional,
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Año: 1925, CSJN Fallos: 142:347
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