un decreto gubernativo y aprobada por el tribunal respectivo, convenio en virtud del cual se determinaron las indemnizaciones que constituyen el objeto de la presente demanda.
Que la sola enunciación de estos antecedentes basta para demostrar que el objeto que la sociedad actora persigue en este juicio contra la provincia de Tucumán, es en el fondo el mismo que fué materia del juicio contencioso administrativo seguido entre las mismas partes ante los tribunales del fuero local, y que la transacción de que se hace mérito para promover el litigio ante esta Corte, no es sino la derivación inmedista y directa de las actuaciones radicadas en la jurisdicción provincial, donde deben fenecer en el sentido legal del concepto (Artículo 14, ley número 48), sin otra intervención po sible de la justicia federal que la detervinada en los casos del recurso extraordinario que instituyen las leyes 48 citada y la 4055 en su artículo 6".
Que en casos análogos al sub judice la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la jurisdicción de un tribunal no termina con la sentencia, — en el caso el auto aprobatorio de la transacción, — siño que continúa hasta el cumplimiento de ella, debiendo conceptuarse que los procedimientos para lo último son parte de los procedimientos de la causa, aún cuando por las leyes locales, sean otros tribunales del mismo carácter local a quienes corresponda intervenir en dicha ejecución « Fallos tomo 118 pág. 308 y los alli citados).
Que conforme a la doctrina que informa el inciso 4", articulo 12 de la ley número 48, el hecho de haber ocurrido el demandante ante la Corte de la Provincia en las condiciones que quedan expuestas, esto es, sometiendo a la resolución de la misma lo que constituye en substancia el objeto de la pre«ente acción, importa una renuncia al fuero federal que hubiera podido corresponderle, y la prorrogación jurisdiccional de los tribunales provinciales ( Fallos tomo 120 pág. 74 ).
La parte actora no puede pues en el caso substraerse a la ju
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Año: 1924, CSJN Fallos: 140:342
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