buía de volver á Tierra del Fuego á remplazar los mojones provisofios por los definitivos, que, con arreglo al contrato, debieron colocirse; pero, aparte de que la so'icitud de Diaz de entregar inmediatamente las tierras que decía medidas y amojonadas desautoriza esa excusa, es inverosímil que él se hubiera propuesto hicer en su segundo viaje, la mensura que no había hecho sinó en parte la primera vez, y el amojonamiento que aún en esta parte se había practicado fuera de lo estipulado. La intencion dolosa resulta, porlo demás, de !a ejecucion de los hechos ineriminados, porque no se concibe que se hayan podido efectuar con intencion ino-ente: esta no cab en la presentacion de una diligencia y planos en que se da por terminada una mensura no practicada.
Agréguese ú esto que luego Diaz ha reclamado y percibido, fundado en esa diligencia y planos, una parte del precio de la operacion, 30.000 pesos, que agregados ú los 25.000, que ya babía recibido, forman la suma de 55.000 pesos, que representan un perjuicio probable para el Fisco.
En apoyo de la intencion atribuída al procesado, y que acaba e examinarse, se aduce la cláusula dal contrato, segun la cual el agrimensor Diaz debía hacer entrega de las tierras medidas ú los compradores que las adquiriesen hasta dentro de los dos años siguientes á la aprobacion de la mensura.
Y para robustecer el argumento, se clasifica esto com» un derecho del agrimensor. Así resultaría, que teniendo el derecho de entregar las tierras hasta dos años despues de medidas, tenía tambien el «derecho de no bacer hasta entónces el amojonamiento prescripto en el contrato. Per» esto no es sinó una habilidad de la defensa.
Esa cláusula es una prevision de los que formularon el contrato; buscaron una garantía más de efectividad y de verdad de la operacion de mensura, en la obligacion que le impusieron al agrimensor de hacer entrega de las tierras á los compradores
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Año: 1896, CSJN Fallos: 63:149
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