No obstante, la sentencia prescindió de considerar la relación temporal entre la declaración testimonial del actor, la modificación en las calificaciones de las juntas y su pase a retiro, aun cuando ese testimonio tenía una especial trascendencia. En particular, en el marco de una estructura jerárquica como las fuerzas armadas, esa declaración importaba involucrar en la investigación de un caso de gran sensibilidad al entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército y a personal de la inteligencia militar.
En segundo lugar, cabe destacar que el señor Correa Belisle alegó que las medidas cuestionadas en el sub lite -esto es el pase a retiro y el juicio militar por irrespetuosidad- configuran sanciones que padeció como consecuencia de haber prestado la declaración testimonial en cuestión. En ese marco, la legitimidad del pase a retiro debía ser analizada en forma inescindible con la otra represalia, que también tuvo lugar tras la declaración testimonial y en forma coetánea a la separación del actor de las fuerzas armadas. La ilegitimidad de los hechos vinculados con el proceso militar fue reconocida por el Estado Nacional y el a quo entendió que generaban un deber de indemnizar, pero omitió considerarlos al ponderar la razonabilidad del pase a retiro.
En efecto, pocos meses después de la declaración testimonial en cuestión y justamente a raíz de esos dichos, se inició un proceso militar contra el actor por la infracción de "irrespetuosidad" prevista en el artículo 663 del Código de Justicia Militar entonces vigente, que culminó con una sanción de tres meses de arresto (fs. 95/1 06). Ello llevó al señor Correa Belisle a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde alegó, en cuanto aquí interesa, que fue detenido en forma arbitraria y que "dicho proceso fue una sanción de la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas, con motivo de sus declaraciones como testigo dentro de un proceso penal en el que se investigaba la muerte de un joven soldado dentro del cuartel en el que prestaba sus servicios como oficial del Ejército" fs. 524/538 y 524).
El caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de las presuntas violaciones a los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial (nforme de admisibilidad nro. 2/04, fs. 524/537).
Finalmente, las partes arribaron a un acuerdo de solución amistosa donde el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacio nal por los hechos denunciados, que incluían que el señor Correa Belisle había sido sometido ilegítimamente a un proceso militar como consecuencia de las declaraciones testimoniales precedentemente
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Año: 2022, CSJN Fallos: 345:110
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