planteo del Ministerio Público Fiscal, la integración del tribunal con jurados populares, decisión que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, rechazado el 3 de junio de 2015; el 24 de agosto siguiente los defensores de K volvieron a instar su sobreseimiento, lo que fue rechazad al día siguiente; el 28 la defensa pidió la nulidad de esa decisión, a lo que se hizo lugar el mismo día; el 31, otro imputado pidió que se declarara la prescripción de la acción; el 1° de septiembre de 2015 comenzó el debate, al día siguiente el tribunal rechazó los planteos de prescripción; durante el juicio, Germán K revocó el mandato de sus abogados y designó otros, a quienes se tuvo por nombrados el 23 de septiembre subsiguiente; el debate continuó hasta el 29 de octubre de 2015, fecha en que se dictó la sentencia condenatoria, cuyos fundamentos fueron leídos el 13 de noviembre de aquel año (ver fs. 15/18).
La breve reseña del párrafo anterior muestra que en este expediente, cuya calificación como asunto complejo encuentra respaldo en la presencia de varios de los indicadores mencionados más arriba, el plazo que transcurrió desde la citación a indagatoria de K hasta la sentencia definitiva, se explica más bien por la profusión de planteos y recursos legales interpuestos por los acusados durante la etapa de juicio y no por falta de diligencia especialmente relevante o inactividad que pueda enteramente atribuírsele a las autoridades judiciales (conf.
CIDH, caso "Mémoli vs. Argentina" ya citado).
La realización de la actividad judicial indispensable para la resolución de tales planteos con respeto de las garantías de las partes, necesariamente requiere de tiempo, que habrá de ser el más breve posible en resguardo del derecho aquí examinado, pero en modo alguno puede dejar de tenerse en cuenta esta circunstancia cuando se trata realizar una valoración global de la duración del proceso judicial.
Por otra parte, si bien la sentencia impugnada no mencionó el cuarto criterio para determinar la razonabilidad del plazo, "situación jurídica de la persona involucrada en el proceso", utilizado por la Corte Interamericana a partir del caso "Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Fondo, reparaciones y costas", sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C n° 192, párrafo 155, su examen tampoco indica la lesión de la garantía. En ese precedente, se sostuvo que debía tomarse en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia.
Así se estableció que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el
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Año: 2021, CSJN Fallos: 344:3114
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