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ficiente, en mi parecer, para sumir a la actora en un "estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica", entendiéndose por tal aquella que es "concreta" al momento de dictarse el fallo.

Y dicha concreción se verifica pues se ha producido la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya la declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho discutido, condición bajo la cual sólo podrá afirmarse realmente que el fallo pone fin a una controversia actual, diferenciándose de una consulta en la cual se contesta acerca de la eventual solución que podría acordarse a un supuesto de hecho hipotético (dictamen de este Ministerio Público in re "Newland, Leonardo Antonio c/Provincia de Santiago del Estero", del 4 de diciembre de 1986, compartido por V.E. en Fallos: 310:606 , cons. ?", criterio reiterado en Fallos: 311:421 , cons. 39).

La demandada sostiene también que es obligatorio el previo pago del tributo como condición para discutir en sede judicial su legitimidad. Sin embargo, como claramente advirtió V.E. en el citado precedente de Fallos: 310:606 (cons. 5), la admisión de que concurren en la especie los presupuestos de la acción meramente declarativa, en especial el estado de incertidumbre respecto de los alcances de la relación jurídica concreta y del interés suficiente en el accionante, constituye el primer obstáculo a la viabilidad de la defensa. En efecto, dentro de ese marco, la exigencia del pago previo de lo que es el objeto de la discusión -en la forma requerida por el art. 144 del Código Tributario provincial como condición para el acceso a la instancia judicial dey 5.121)- implicaría desconocer la necesidad de tutela judicial inmediata que, en casos como el presente, tiende a dilucidar el estado de falta de certeza entre el contribuyente que cuestiona la actitud de la provincia y esta última.

Por otro lado, cabe destacar que la Provincia de Tucumán, en su contestación de demanda, señaló que la actora formalizó, en el marco de la ley provincial 8.520, un plan de facilidades de pago que, según su postura, implicó un desistimiento y la renuncia a toda acción o derecho. Sin embargo, TMA negó tal extremo, sin que la demandada -quien alegó su existencia- haya acreditado su acaecimiento (gr. mediante la presentación en autos del formulario de acogimiento correspondiente).

Por lo dicho en este acápite, considero que se han cumplido todos los requisitos fijados por el art. 322 del código de forma para la procedencia formal de la acción intentada.

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Año: 2019, CSJN Fallos: 342:976 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-342/pagina-976