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Civil y que "existía una irregularidad muy grande y grave" (Diario El Sureño del 16 de julio de 2002; fs. 56); que el autor del dictamen "sabía perfectamente que existía una irregularidad que nunca investigó y que con ese dictamen se estaba inhabilitando la discusión del problema", aparte de que era su convicción "que se estaba ante un hecho que era muy grave y que justificaba el pedido de juicio político" (conf. El Diario del Fin del Mundo del 30 de julio de 2002; fs. 57/58). El Directorio del IPAUSS rechazó, por mayoría, la promoción de juicio político, lo que motivó que el demandado expresara lo siguiente: "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal de Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 —de transformación del BTF-, puesto que se incluyeron, de manera ilegal, 20 millones en títulos públicos y pesos que surgieron del acuerdo Nación-Provincia". Luego agregó que dicha irregularidad fue comunicada en su momento al Tribunal de Cuentas y ala Fiscalía de Estado, y "nadie hizo absolutamente nada para revertirla, marcando a las claras que el pacto de impunidad sigue vigente" y que "hay intereses de todos los poderes del Estado, que actúan en complicidad y en un marco de impunidad, para seguir estafando alos trabajadores" (conf. El Diario Digital del Fin del Mundo del 2 de agosto de 2002; fs. 59). Unos días después, el demandado efectuó nuevas declaraciones y se refirió a la participación del Fiscal de Estado en la celebración de distintos acuerdos entre la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego de los cuales se habrían derivado perjuicios millonarios para el Estado provincial y la supuesta inacción del referido funcionario en el reclamo de acreencias del Estado a empresas petroleras.

En ese marco y después de anunciar que, por las irregularidades vinculadas con el Fondo Residual y con el banco de la provincia iba a instar -a título personal- el juicio político de Martínez de Sucre, se refirió al mencionado funcionario en estos términos: "Se jacta de defender a la Provincia ¿Qué defiende? El descuento salarial a los trabajadores, el descuento de las pensiones graciables. Defiende perjudicando a la sociedad toda. Ahora cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses corporativos, de los grandes intereses políticos u económicos que han vaciado la Provincia no dice nada porque es cómplice" (conf. diarios Provincia 23 y Sur 54 del 15 de agosto de 2002; fs. 61 y 62, respectivamente).

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Año: 2019, CSJN Fallos: 342:1823 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-342/pagina-1823