promoviera ante la legislatura local el pedido de juicio político, este último expresó que "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal de Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 -de transformación del BTF-, puesto que se incluyeron, de manera ilegal 20 millones en títulos públicos y pesos que surgieron del acuerdo Nación-Provincia". Añadió que dicha irregularidad fue comunicada en su momento al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado y "nadie hizo absolutamente nada para revertirla, marcando a las claras que el pacto de impunidad sigue vigente" y que hay intereses de todos los poderes del Estado que actúan en complicidad para seguir estafando a los trabajadores (confr: fs. 59, El diario Digital del Fin del Mundo, del 2 de agosto de 2002).
3" Que unos días después de lo narrado, el demandado efectuó nuevas declaraciones refiriéndose a la participación del Fiscal de Estado en la celebración de distintos acuerdos entre la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego (de los cuales habrían derivado perjuicios millonarios para el Estado provincial) y a la supuesta inacción del referido funcionario en el reclamo de acreencias del Estado a empresas petroleras.
En ese marco y después de anunciar que por las irregularidades vinculadas con el Fondo Residual y con el Banco de la provincia iba a instar —a título personal- el juicio político de Martínez de Sucre, se refirió al mencionado funcionario en estos términos: "Se jacta de defender a la provincia ¿Qué defiende? El descuento salarial a los trabajadores, el descuento de las pensiones graciables. Defiende perjudicando a la sociedad toda. Ahora cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses políticos o económicos que han vaciado la Provincia no dice nada porque es cómplice" confr. fs. 61 y 62, respectivamente, diarios Provincia 23 y Sur 54, del 15 de agosto de 2002).
En otro reportaje, el demandado aludió a las acreencias impagas que tenía el IPAUSS frente a distintos organismos públicos y al propio Estado provincial —aportes que se cobraban a los empleados pero no se derivaban al ente encargado de la seguridad social- y expresó que uno de los responsables de esa situación era el "Fiscal de Estado, porque, siendo representante y defensor del Estado -y no del gobierno de turno- tiene que cumplir las leyes y hacerlas observar cuando los
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Año: 2019, CSJN Fallos: 342:1801
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