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Fallos: 342:1784 de la CSJN Argentina - Año: 2019

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este marco, sostuvo que la petición infundada de su destitución le había causado un daño moral inadmisible.

Asimismo, el actor indicó que, en distintas oportunidades anteriores y contemporáneas a la petición efectuada, el señor Martínez realizó declaraciones ante la prensa -cuyo objeto excedía el hecho en virtud del cual se había promovido su juicio político-que injuriaron su honor. En este sentido, acompañó las notas periodísticas difundidas por el diario El Sureño los días 16 de julio y 22 de agosto de 2002; el Diario del Fin del Mundo los días 30 de julio, y 2 y 26 de agosto de 2002; Tierra del Fuego Noticias los días 16 y 22 de agosto de 2002; Provincia 23 los días 15 y 27 de agosto de 2002; y Sur 54 los días los días 15 y 27 de agosto de 2002.

I-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 de la provincia de Tierra del Fuego consideró procedente la acción promovida por el Fiscal de Estado y condenó a Carlos José Martínez a pagar $20.000 más intereses en concepto de daño moral.

Para así decidir, sostuvo que si bien el pedido de juicio político no constituía una conducta jurídicamente reprochable en tanto se encontraba alcanzada por el derecho de peticionar ante las autoridades, correspondía analizar las declaraciones que el señor Martínez había realizado ante la prensa.

Específicamente, tuvo por probado que el16 de julio de 2002 el diario El Sureño publicó que "José Martínez, director por los activos en el IPAUSS, solicitará el juicio político al Fiscal de Estado. Señaló que este funcionario no habría actuado legalmente en relación con la deuda que el Banco tiene con el IPAUSS" (fs. 56); que el 30 de julio de 2002 el Diario del Fin del Mundo publicó que "José Carlos Martínez anunció que solicitará [quel se le realice juicio político al titular del órgano de contralor, Virgilio Martínez de Sucre" (fs. 57) y citó la siguiente afirmación del demandado: "él sabe perfectamente que hay una irregularidad que nunca investigó; y con este dictamen está inhabilitando la discusión del problema" (fs. 58); y que el 2 de agosto de 2002 el mismo diario publicó que "según lo señalara posteriormente el director José Carlos Martínez "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal de Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 -de transformación del BTF:, puesto que incluyeron, de manera ilegal, 20 millones de títulos públicos y pesos, que surgieron del acuerdo Nación- Provincia". Recor

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Año: 2019, CSJN Fallos: 342:1784 
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