En primer término, indicó que la acción declarativa de inconstitucionalidad puede ser deducida por las partes que se consideran agraviadas por disposiciones legales contrarias a derechos, garantías, exenciones o privilegios acordados por la Ley Fundamental, o bien por normas de jerarquía superior a las leyes implicadas pero inferiores a la Constitución.
Por ello, consideró que la presente acción resulta ser la vía procesalmente idónea para cuestionar la constitucionalidad de normas de carácter tributario y obtener la declaración requerida por el peticionante, a fin de cancelar sus obligaciones tributarias aduaneras en los términos de la ley 26.476.
En segundo lugar, y respecto de la cuestión de fondo, recordó que la ley 26.476 implementó un régimen de regularización de impuestos y recursos de la seguridad social adeudados al 31 de diciembre de 2007, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encontraba a cargo de la AFIP que eximía -a quienes se adherían a sus disposiciones- de ciertos intereses, multas y sanciones.
Subrayó -con fundamento en el precedente registrado en Fallos:
337:388 ("Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo") - que los derechos de importación y exportación son tributos, específicamente impuestos, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la AFIP y, por ende, resultan alcanzados por los beneficios previstos en el art. 1° de la ley 26.476.
Concluyó, entonces, que el art. 3", inc. e), de la resolución general AFIP) 2.537, en cuanto excluye las deudas e infracciones aduaneras del régimen de la ley 26.476, no se ajusta ni a la letra ni a la finalidad de la ley que reglamenta, tendiente a la normalización tributaria de los contribuyentes en aras de fortalecer la economía local.
II-
Disconforme, el Fisco Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 200/218, que fue concedido a fs. 227/228 en cuanto se discute la inteligencia y validez de normas federales, y denegado en lo relativo a la arbitrariedad que se imputa a lo resuelto.
Se opuso, en primer término, a la procedencia formal de la acción declarativa puesto que, por una parte, la actora no demostró un perjuicio o lesión actual como consecuencia de la norma que cuestiona y, por otra, en la hipótesis de que tal perjuicio se torne concreto, dispondrá de un juicio ordinario para ponerle fin.
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Año: 2018, CSJN Fallos: 341:547
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