336 845 cobran un emolumento que no es estrictamente salario que proviene de lo recaudado en el registro por las gestiones que los particulares allí realizan; b) la finalidad del decreto 894/01 es evitar el cobro de dos emolumentos —uno en concepto de retiro y otro remunerativo— provenientes ambos del erario público, lo que no sucede en el sub lite donde los ingresos en el registro son las tasas que abonan los administrados y sólo los fondos restantes —excluidos los gastos de funcionamiento y el emolumento del encargado de registro— pasan al peculio público.
I-
Disconforme, el Estado Nacional (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) interpuso el recurso extraordinario obrante a fs.
242/261, el que fue concedido por haberse involucrado la interpretación de normas de carácter federal y denegado por la causal de arbitrariedad (fs.
273/274), sin que se dedujera la respectiva queja, razón por la cual esta instancia queda abierta en la medida que la otorgó el a quo.
Se agravia porque la Cámara efectúa una interpretación arbitraria del régimen de incompatibilidades por acumulación de cargos previsto en los decretos 8566/61, 9677/61 y sus modificatorios, en especial el decreto 894/01 al concluir que el espíritu del decreto citado en último término era la incompatibilidad de percepción de dos emolumentos que provinieran ambos de las arcas estatales cuando la correcta inteligencia es la búsqueda del ordenamiento del mercado laboral en cuanto desalienta la concentración del empleo público en quienes tengan otra fuente de ingresos.
Asimismo, sostiene que el tribunal hace una errónea tipificación dela relación entre los encargados de registros y el Estado Nacional al resolver que se trataba de particulares, asimilando su vinculación a una concesión de servicio público, en ejercicio de una competencia pública que no genera relación de empleo público —y que, por ende, no configura una incompatibilidad funcional — desde el momento en que por decreto 2265/94 se dispuso que los encargados de registro eran funcionarios públicos.
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Año: 2013, CSJN Fallos: 336:845
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