330 solvencia patrimonial y financiera, como loestablecía el títuloll, capítuloB, dela resolución general (AFIP) 616.
Puntualizó que, a partir del análisis realizado por ese organismo del balance presentado por la empresa y correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, pudo comprobarse que no se daban las relaciones técnico-contables exigidas por la reglamentación para demostrar solvencia financiera, razón por la cual se emitieron las resoluciones (RG SAN J) 15/2000 y 16/2000 y se exigióla constitución de garantías previo al otorgamiento de los reintegros pretendidos.
Destacó que Yoma S.A. no atacó estas resoluciones mediante el procedimiento administrativo previsto para ello, sino que el Tribunal donde tramitaba su concurso-—luego de negarle autorización para constituir aquellas garantías- intimóala AFIP a depositar, a la orden del Tribunal, todos los saldos de libre disponibilidad que tuviera entonces la concursada, sin el cumplimiento de ese requisito previo.
Posteriormente, reseñó los sucesivos embargos ordenados por el Tribunal del concurso, no sólo por conceptos sometidos al régimen de reintegro anticipado sino también por otros, nacidos de rectificaciones en más de períodos anteriores (años 1992 a 1997) y, por ende, sujetos siemprea verificación previa.
En tales condiciones, planteó la gravedad institucional de cada una de estas medidas, ordenadas por un tribunal manifiestamente incompetente, cuando ellas están vedadas por disposiciones legales, tratándose de medidas cautelares de significativa trascendencia económica, no sólo por su cuantía sino también por el destino al cual esos recursos fiscales se encuentran afectados.
Subrayó que no se verifican los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, recaudo este último que ni siquiera ha sido evaluado por el juzgado de origen en ninguno de los embargos ordenados.
Por último, defendióla presunción de legitimidad de sus resoluciones (RG SANJ) 15/2000 y 16/2000, no cuestionadas por Yoma S.A., y planteó la caducidad de pleno der echo de las medidas cautelares decretadas, que revisten el carácter de preventivas y —por ende- sujetas ala posterior demanda que ordena el C.P.C., jamás promovida.
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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:2126
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