41) Que noresultan atendibles las alegaciones del requeridoreferidas aun supuesto peligro de ser sometido a tratos o penas crueles (art. 10 del Tratado de extradición con el Reino de España y 12 de la Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas) porque no hay fundamentos que autoricen a suponer que la persona que se entrega vaya a enfrentar en el Estado requirente un riesgo real de exposición a un trato de esas características. Máxime cuandotantola República Argentina cuantoel Reino de España son parte de la Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, InhumanosoDegradantes (art. 1°).
42) Que, en atención a las consideraciones del voto de la mayoría en la presente causa, aun cuando se entendiera que el delito de terrorismo debe prescribir, corresponde una interpretación de las normas internas sobre prescripción que alcance la mayor armonía con los principios, valores y normas internacionalmente reconocidas sobre delitos de lesa humanidad. De este modo, al menos, se alcanZzaría una solución justa equivalente por una interpretación aproximativa del derecho argentino al derecho internacional. En tal sentido y por los fundamentos del acápite VIII del dictamen del señor Procurador General, seimpone concluir quemediaron en el caso actos de secuela del juicio y, por consiguiente, interruptivos de la prescripción.
Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada y se concede la extradición de Jesús María Lariz Iriondo al Reino de España. Notifíquese y devuélvase.
ANTONIO BOGGIANO.
Recurso ordinario interpuesto por la Procuración General de la Nación, representada por el Dr. Esteban Righi.
Traslado contestado por el Reino de España, representado por el Dr. Maximiliano Rusconi, patrocinado por los Dres. Santiago Vegezzi y María Valeria Onetto.
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Año: 2005, CSJN Fallos: 328:1366
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