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dios, que no puede realizarse sin el consenso y la aquiescencia de todos, no es menos cierto que este respeto reposa también en su efectiva capacidad, esto es, en su idoneidad para guiar a la comunidad política a los objetivos que se ha propuesto, resumidos, para nosotros, en el preámbulo de la Constitución Nacional.

De allí que la idoneidad no es una cierta condición que se requiere para ser nombrado en el empleo público, sino que es una cualidad que debe perdurar, omnipresente, durante todo su ejercicio.

Por ello, lejos ya de aquella concepción de las viejas monarquías elocuentemente expresada en el aforismo inglés the king can do no wrong, resulta hoy indudable el principio de la responsabilidad de los gobernantes por sus actos y omisiones. Que será mayor según sea más prominente la función de gobierno que se ejerza, pues a mayor injerencia en la prosecución del bien común, debe corresponder mayor responsabilidad del funcionario ante la sociedad que lo ha investido.

Y para que esto no se convierta en algo meramente ilusorio, es preciso que la sociedad cuente con medios que le permitan, en forma expedita, prescindir de aquellos que sean cuestionados en el ejercicio de sus potestades por merma o ausencia de la dignidad e idoneidad originarias.

Esto no implica desmedro alguno en sus derechos esenciales, sino que es la contrapartida necesaria —y voluntariamente aceptada— al ejercicio de las altas potestades estatales y de la cual, en consecuencia, ningún funcionario, por más encumbrado que fuere, está exento.

Así lo muestra Tocqueville en su penetrante examen de las instituciones norteamericanas: "...el juicio político... no hiere sino a aquellos que, al aceptar las funciones públicas, se han sometido de antemano a sus rigores... Por eso los legisladores de los Estados Unidos no lo han considerado como un remedio extremo para los grandes males de la sociedad, sino como un medio habitual de gobierno" (Alexis de Tocqueville, La democracia en América; 1963, Fondo de Cultura Económica, p. 113).

En uno de los primeros casos de enjuiciamiento en nuestra república, el Diputado Gonnet —citando a Macaulay- recordó que el propio Warren Hastings, protegido por el poderoso Consejo de Indias, que había gobernado numerosos pueblos, conducido poderosos ejércitos, proclamado y envilecido a reyes y monarcas, y llenado las cajas de la

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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:1931 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-327/pagina-1931