administración pueda dictar una resolución respecto a la deuda tributaria hasta tanto exista sentencia firme en el ámbito penal, pues en su decisión el ente recaudador debe "dar por sentados y como ciertos los hechos fijados por el juez en el trámite penal" (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, año 1990, pág. 6803).
Específicamente, el párrafo segundo del artículo que se examina fue incluido en el proyecto que había enviado para su tratamiento el Poder Ejecutivo con la exclusiva finalidad de "evitar eventuales escándalos jurídicos por pronunciamientos contradictorios..." (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, año 1990, pág. 6796).
15) Que los párrafos del art. 16 de la ley 23.771 antes transcriptos y el propósito con que ellos han sido dictados, indican que se está en presencia de una norma de orden procesal cuya aplicación inmediata a los hechos de esta causa ocurridos en el año 1989 —a diferencia de lo sostenido por el fisco- no encuentra obstáculo legal alguno (conf. doctrina de Fallos: 220:1250 ; 306:2101 ; 307:1018 ; 317:499 , entre otros).
En efecto, no se trata de una garantía sustancial en favor del imputado —ni la aplicación provoca un agravamiento de su situación en el proceso-, sino que se plasmó en la norma un instrumento de política legislativa que se consideró el más apto para erradicar la evasión fiscal, pues, a la vez que permitía el avance de la investigación en el ámbito administrativo y en el judicial penal, impedía que se produjeran pronunciamientos encontrados al obligar a la administración a aceptar los hechos tal como habían sido fijados por el juez penal.
Un claro ejemplo de que sólo se trata de una norma instrumental por la cual el legislador optó -dentro de su ámbito discrecional y entre el abanico de posibles soluciones—, puede hallarse en lo dispuesto en la ley 24.769, que, al derogar la ley 23.771, ha preferido instaurar un sistema absolutamente diverso: el ente recaudador sólo puede formular denuncia penal "...una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria..." o, si no correspondiera esta determinación, "...una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hechoilícito". Y, la única restricción que establece este nuevo ordenamiento para el avance de la investigación administrativa, es que el organismo administrativo "...se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal" (ver arts. 18 y 20 de la ley 24.769).
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:2111
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