bertad si reúnen los requisitos de ley podrán ejercer el derecho al sufragio en sus respectivos centros de reclusión. La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará los medios para el ejercicio de este derecho.
La reciente Canada Elections Act —que entró en vigencia el 1° de septiembre de 2000— dispone en su art. 4, inc. c, que no puede votar la persona que está detenida en institución criminal cumpliendo una sentencia de dos o más años (en idénticos términos el art. 30, inc. b., del British Columbia Election Act) 26) Que la actora se agravia de la sentencia de fs. 154/157 y de su aclaratoria defs. 183/185 toda vez que no han respondido a su pedido de que se adopten medidas concretas con el objeto de que los detenidos puedan ejercer su derecho al voto, ya que los argumentos relativos al argumento de la división de poderes resultan inadmisibles frenteala violación de los derechos constitucionales que se pretenden reparar por la vía del amparo.
27) Que cualquier discriminación injustificada en determinar quién puede participar en los asuntos políticos o en las elecciones de los funcionarios públicos subviertela legitimidad del gobierno representativo (Kramer v. Union School District, 395 U.S., 621, 626 —1969-). Ningún derecho es más precioso en un país libre que el de tener una voz en la elección de quienes hacen las leyes bajo las cuales los ciudadanos deben vivir. Otros der echos, incluso los más básicos, son ilusoriossi el derecho al voto es socavado (Wesberry v. Sanders 376 US. 1, 16 —1964-).
El desbloqueo de las obstrucciones al proceso democrático es de lo que debe ocuparse primordialmente el control judicial, y la negación del sufragio es la obstrucción por excelencia de ese sistema que pretendela representación de los ciudadanos inter esados (John Hart Ely, Democracia y desconfianza, Bogotá, Siglo del Hombre Ed., 1997, pág.
146). En resumidas cuentas, el derecho a votar libremente por el candidato de la propia elección es de la esencia de la sociedad democrática, y cualquier restricción a este derecho golpea el corazón del sistema representativo y para remediar esas dificultades las cortes pueden adoptar las acciones apropiadas para asegurar quelasfuturas elecciones no sean conducidas bajo un plan inválido einconstitucional (Reynolds v. Sims 377 U.S. 533, 555 y 585; 1964).
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Año: 2002, CSJN Fallos: 325:577
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