En efecto, es descalificable el pronunciamiento que ha omitido expedirse sobre una cuestión oportunamente planteada y conducente para la correcta decisión del caso (Fallos: 301:1928 ), cual era la atinente a que la obligación legal de garantía establecida por el artículo 50 de la Ley de Arancel estaría sólo referida a las actuaciones derivadas de la actuación profesional que fue objeto de ese vínculo contractual. La sentencia recurrida expresa que es la relación letrado-cliente la que genera la obligación legal de garantía, subsidiaria, de pagar las costas impuestas al perdidoso. Ello evidencia que no fue examinada la defensa del apelante relativa a que esa garantía legal no se extendería a la actuación cumplida por el mismo profesional a favor de-otro litisconsorte.
La Alzada nada dijo sobre el punto, a pesar de que tal cuestión era esencial para el progreso de la ejecución, de manera que debió ser objeto de particular examen por el a quo (Fallos: 304:239 ).
Considero, en consecuencia, que la sentencia no dio una respuesta coherente a las concretas objeciones de la actora, pues no ha explicado el sustento normativo que tenga adecuada relación con la conclusión adversa a los agravios formulados.
Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y remitir los autos al tribunal de origen, para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho. Buenos Aires, 23 de octubre de 2001. Felipe Daniel Obarrio.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2002.
Vistos los autos: "Carlomagno, Germán Reynaldo Francisco c/ González, Jorge Alberto s/ ejecución de honorarios".
Considerando:
1) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que —al confirmar la dictada en primera instancia— mandó
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Año: 2002, CSJN Fallos: 325:2169
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