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En primer término, desestimó los planteos de inconstitucionalidad de la aplicación de la ley 22.285, por tratarse de una norma de facto y del decreto 1357/89. Sobre el primero, consideró que medió un reconocimiento tácito de la norma de facto por parte del legislador, al sancionar la ley 23.696, con sustento en la doctrina de V.E. que señala que los actos dictados durante un gobierno de facto subsisten en los períodos constitucionales que le siguen, mientras no sean derogados o revocados, y que rigen con autoridad y efectividad equivalentes a las que tienen los actos de los gobiernos de iure. En cuanto al segundo, entendió que el impugnante no podía cuestionar su constitucionalidad, porque admitió su validez cuando, a fin de regularizar su situación de clandestinidad, se sometió voluntariamente a sus preceptos, sin formular objeciones.

También rechazó lo afirmado por el recurrente en torno a que la resolución 133/83 del COMFER no resultaba aplicable, porque no había sido publicada en el Boletín Oficial. En este sentido, señaló que la resolución, que establece el régimen de sanciones aplicable a los titulares de estaciones de radiodifusión y servicios complementarios, por las transgresiones que cometan a las disposiciones legales y reglamentarias, a partir del 1 de marzo de 1983, ordenó su "notificación" a todas las estaciones del país y ponderó que, en este caso, esa notificación tuvo por finalidad que los posibles afectados tuvieran mayor conocimiento del contenido del acto, sin que aquél adujera que ello no había sucedido. Por ello, no encontró óbice para su aplicación, agregando que lo que no resultaría lícito a la Administración sería suplir la notificación, en los casos en que sea obligatoria, con la publicación; pero no a la inversa, como en el sub lite.

Asimismo, entendió que el COMFER reguló la facultad sancionatoria que le otorga la ley 22.285 frente a las transgresiones de los radiodifusores y que, por medio de la mencionada resolución, modificó la política implementada anteriormente, a efectos de atenuar su rigor para los infractores ocasionales y acentuarlo para los reincidentes. En atención a ello, consideró que, de admitirse la tesis del recurrente, el régimen de graduación de sanciones sería más gravoso, circunstancia que demuestra su falta de gravamen.

Por último, descartó que las multas puedan ser condonadas por la resolución 988/96 del COMFER, porque fue dictada "ad referendum" del Poder Ejecutivo Nacional y, en definitiva, ese órgano no la aprobó, así como que se hubiera violado el derecho de defensa del particular

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Año: 2002, CSJN Fallos: 325:1811 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-325/pagina-1811