Es que, convieneresaltarlo, quien adelanta un evento anticipa sus consecuencias; si a los nueve meses la persona anencefálica que nace por parto espontáneo tiene una sobrevida aproximada de doce horas, resulta evidente que la inducción del parto alos, digamos, seis meses, determinará la muerte del sujeto a los seis meses y doce horas. Lo que la sentencia recurrida no trata es la afectación del derecho del nasciturus a seguir viviendo durante el lapso diferencial apuntado; y los argumentos dados por el sentenciante referidos a que "de todas maneras morirá" encubren una elíptica pero segura condena a muerte por anticipado, ello, con apoyo en la "exigua cantidad de tienpo" que la persona anencefálica tiene de vida, comosi tal circunstancia afectara sustancialmente la calidad de persona ola protección jurídica de ésta. Para exponerlo crudamente y así contrastarlo con las normas constitucionales examinadas: en el fallo subyace la siguiente fórmula "si la persona anencefálica ha de morir de todas maneras, entonces, que muera cuanto antes".
En un segundo nivel de reflexión es menester ocuparse aquí del argumento del tribunal superior local relativo a que el pedido de la amparista es "externo al Derecho penal, no abarcado por él, en fin permitido desde este punto de vista (C.N. 18 y 19" (fs. 191, último párrafo).
Sobre el particular cabe poner de relieve dos aspectos que concier nen, por un lado, al contenido de la pretensión y, por el otro, al principio dereserva previsto en el art. 19 de nuestra Ley Fundamental.
En lo relativo al primer asunto, debe tenerse en cuenta que el amparo fue promovido "para dar fin a este embarazo" ya que "Tanto mi esposo como yo somos conscientes que la intervención médica que solicitamos puede ser resuelta deotro modo, es decir en lugares 'privados' que no requieren autorización judicial alguna; pero no elegimos el camino ilegal..." (escrito de demanda defs. 15 vta., párrafos cuarto, parte final y sexto) lo que claramente implica la intención, a todo evento, de abortar.
En lo que respecta al principio de reserva, cabe recordar que conforme al art. 19 de la Constitución Nacional, las "acciones privadas" están exentas de la autoridad de los magistrados cuando "de ningún modo" ofendan al orden y ala moral pública ni perjudiquen aterceros.
"La expresión subrayada tiene alcance inequívoco y noes lícito sosla
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Año: 2001, CSJN Fallos: 324:50
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