— II Contra este pronunciamiento, la parte actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 528/538, cuya denegatoria de fs. 553, motiva la presente queja.
Tacha de arbitraria a la sentencia, alegando que fue dictada en contra de lo que la ley ordena y de lo que la jurisprudencia entiende, sin más fundamento que la sola voluntad del órgano de quien emanó.
Invocando lo dispuesto por los arts. 251 y 313, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, afirma que su parte realizó toda la actividad procesal necesaria para que los autos fueran elevados, ya que, habiendo sido concedido el recurso, era función del juzgado elevar las actuaciones a la alzada, no pudiendo ser perjudicada por la inactividad del responsable directo.
Agrega, que la parte no tiene a esa altura del proceso actividad impulsora alguna, y que es el cumplimiento o incumplimiento de los deberes a cargo del oficial primero (y/o del secretario) loque debe ponderarse.
— Si bien es cierto que lo atinente a la caducidad de la instancia remite al estudio de cuestiones fácticas y de der echo procesal, materia ajena —como regla y por su naturaleza ala instancia del art. 14 dela ley 48, también lo es, que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, tal doctrina admite excepción cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta ala garantía de defensa en juicio, y, además, la decisión en recurso pone fin al pleito o causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (v. doctrina de Fallos: 307:1693 ; 320:1821 y sus citas, entre otros).
Tal es lo que —a mi ver, ocurre en el sub lite, desde que el a quo, sobrela base de una interpretación inadecuada de los arts. 251 y 313, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —que los desvirtúa y vuelve inoperantes-, frustra el derecho del actor a obtener una sentencia que se pronuncie sobre el fondo de la pretensión, con grave lesión del derecho de defensa en juicio.
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Año: 2001, CSJN Fallos: 324:3460
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