Anterior ... | Siguiente ...

523) y "See v. City of Seatle" (387 US. 541), ambos resueltos conjuntamente el 5 de junio de 1967.

En tales casos estaba en juego la facultad de los municipios de hacer inspecciones en viviendas y locales cerrados destinadas a controlar las condiciones de salubridad, seguridad frente a posibles incendios y otros riesgos propios de las construcciones edilicias. En especial, habían sido atacadas las atribuciones municipales para llevar a cabo esos controles preventivos sin orden de allanamiento. Lo peculiar de esos supuestos reside en que las intrusiones oficiales en ámbitos protegidos por la garantía de la inviolabilidad del domicilio respondían únicamente al fin de determinar las condiciones físicas de la propiedad privada y no al de buscar frutos, instrumentos o evidencias de un crimen.

La corte norteamericana modificó, entonces, su anterior doctrina sentada a partir del caso "Frank v. Maryland" (359 US. 360 [1959]), en el que había confirmado la condena de un propietario que no había permitido que un inspector de salubridad municipal ingresara en su domicilio para llevar a cabo una inspección de rutina sobre sus dependencias sin una orden de allanamiento. En efecto, a partir de los precedentes "Camara" y "See", dicho tribunal ha considerado que, cuando el propietario no consiente el ingreso, el inspector debe requerir la emisión de una orden de allanamiento. Ciertamente, las particularidades del control administrativo en cuestión obligan a exigir condiciones que justifiquen el registro cualitativamente diversas de las que lo autorizan a los efectos de una posible persecución penal. La corte estableció, así, que tales órdenes de registro no requieren de la "probable cause" en sentido tradicional, pues dichas inspecciones "no tienen naturaleza personal ni están dirigidas al descubrimiento de evidencias de un crimen" (387 U.S. 523, pág. 537; v. también "Ray Marshall, Secretary of Labor, et al. v. Barlow's, Inc." 436 U.S. 307 [1978], en especial págs. 320 y sgtes.).

En fallos posteriores, el tribunal supremo norteamericano definió un nuevo campo excepcional en el que, en las consecuencias, rige la anterior doctrina de "Frank v. Maryland" (i. e., ni siquiera es necesaria una orden de allanamiento, confr. "Colonnade Catering Corp. v.

United States" 397 U.S. 72 [1970]; "United States v. Biswell" 406 U.S.

311 [1972]; "Donovan, Secretary of Labor v. Dewey et al." 452 U.S. 594 1981]). Mas en éste está siempre en juego exclusivamente el control administrativo de seguridad y salubridad respecto de actividades co

Anterior ... | Siguiente ...

Apoya a Universojus!

Año: 1998, CSJN Fallos: 321:523 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-321/pagina-523