En tal sentido, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, en su precedente dictado en el caso "Illinois v. Gates et ux", el 8 de junio de 1983 (462 US. 213), indicó: "Nuestros primeTOS casos ilustran sobre los límites más allá de los cuales un magistrado no puede arriesgarse a expedir una orden de allanamiento.
Una declaración de un informante, bajo juramento, en el sentido de que "tenía causas para sospechar y que efectivamente creía que" en cierto lugar se hallaba licor ilegalmente introducido en los Estados Unidos, no autoriza una orden de allanamiento (Nathanson v. United States", 290 U.S. 41 [1933]). Una declaración debe proveer al magistrado una base sustancial para determinar la existencia de una causa probable, y la afirmación conclusiva en cuestión en Nathanson no satisfacía ese recaudo. La afirmación de un funcionario acerca de que "declarantes habían recibido información confiable de una persona creíble y que creían" que en una casa era almacenada heroína, es igualmente inadecuada ("Aguilar v. Texas", 378 U.S. 108 [1964]).
Como en "Nathanson", se trata de un mero aserto conclusivo que, virtualmente, no le proporciona bases al magistrado para formular un juicio sobre la causa probable. Al magistrado se le debe presentar información suficiente que le permita determinar la existencia de una causa probable; su acción no puede consistir en una mera ratificación de desnudas conclusiones de otros. A fin de asegurar que no ocurran tales abdicaciones del deber del magistrado, las cortes deben continuar revisando concienzudamente la suficiencia de las declaraciones a partir de las cuales son expedidas las órdenes de allanamiento" (pág. 239).
Así, incluso en esa decisión en la que revocó su anterior doctrina —más estricta— formulada en el caso "Spinelli v. United States" (393 US. 410 [1969]), la corte estadounidense dejó claramente sentado que las simples afirmaciones —tales como las que acompañaron a la petición que dio inicio al sub lite— no autorizan en ningún caso la emisión de una orden de registro.
6) Que el sub examine debe ser, a su vez, distinguido de aquellos casos respecto de los cuales la Corte Suprema norteamericana ha sentado una excepción al requisito de la "probable cause", según su sentido tradicional, e incluso a la necesidad de una orden judicial de registro. En este ámbito revisten especial interés los precedentes "Camara v. Municipal Court of the City and County of San Francisco" (387 US.
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Año: 1998, CSJN Fallos: 321:522
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