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que el litigio no versaba sobre la repetición de un impuesto, consideró insustancial el agravio relativo a la falta de legitimación del actor, quien resultaba directamente obligadoa satisfacer una carga pública, aun cuando pudiese trasladar la repercusión económica del impuesto al locatario o adquirente del video. La cámara descartó también la objeción atinente a la existencia de otras vías idóneas para dilucidar la controversia, pues entendió que la manifiesta inconstitucionalidad de la atribución ejercida por la administración determinaba que la cuestión pudiese decidirse como de puro derecho, sin necesidad de mayor debate ni de producción de pruebas y que en este caso, dilatar la decisión sobre los graves temas sustanciales involucrados contrariabalafinalidad dela acción de amparo y desvirtuaba su eficacia. En segundo lugar, y en cuanto al fondo, el a quo juzgó que el acto de autoridad nacional estaba viciado de nulidad pues era aplicación de normas que vulneraban de manera absoluta el principio de legalidad tributaria. El Poder Ejecutivo había detraído para sí una atribución que la Constitución Nacional reservaba de modo exclusivo al Congreso de la Nación, circunstancia que no admitía excepción ni siquiera cuando se invocasen razones de necesidad y urgencia.

3") Quela Procuración del Tesoro dela Nación redamala apertura del recurso extraordinario por vicio de arbitrariedad de sentencia y por cuestión federal típica, por cuanto la sentencia ha declarado la invalidez constitucional delos decretos 2736/91 y 949/92 (art. 14, inciso 12, de la ley 48). Concretamente, y en lo concerniente a la procedencia delavía elegida, el apelante aduce que la cámara ha prescindido dela ley y que ha omitido cuestiones conducentes que le fueron oportunamente propuestas, como los propios actos del contribuyente que, a su juicio, configurarían una conducta de sometimiento al régimen que obstaría al progreso de la pretensión. En cuanto a la inconstitucionalidad de los decretos, el recurrente justifica su dictado por las razones de necesidad y urgencia que se señalan en los considerandos de las normas. Agrega que una interpretación dinámica de los principios constitucionales permite colegir la validez de la competencia ejercida por el Poder Ejecutivo, máxime cuando, como en el caso, secumplen los requisitos fijados por este Tribunal en el precedente "Peralta" (Fallos: 313:1513 ) y se ha "dado cuenta" al Congreso dela Nación, órgano que con su silencio y con el dictado dela ley 24.191 ha convalidado definitivamente la imposición del tributo cuestionado.

4) Que el orden en que el recurrente propone sus agravios noresponde a la lógica de la argumentación que corresponde desarrollar,

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Año: 1995, CSJN Fallos: 318:1176 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-318/pagina-1176