Anterior ... | Siguiente ...

V- .

En cuanto al fondo de la cuestión, me parece oportuno, en primer lu- gar, expresar que en autos se han verificado actos y comportamientos materiales de un ente federal, respecto de un bien inmueble de un particular, que configuran una expropiación, ló que implica la existencia de calificación legislativa de la utilidad pública del bien afectado.

En efecto, según las constancias obrantes en el expediente administrativo (fotocopiado) del Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan (agregado a estos autos), las obras dispuestas en el predio del actor tuvieron el carácter de anexas o complementarias al trazado de la ruta nacional Nro. 40; fueron dispuestas por la entonces Administración General de Vialidad Nacional (fs. 1 del mencionado expediente) y, si bien no hay constancias efectivas de la fecha de construcción, quedaron habilitadas con anterioridad a enero de 1962 (fs. 9 vta.).

Se desprende de lo expresado que, la decisión de construir la obra com plementaria de la ruta, se encuadra dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente, y que tiene como virtualidad individualizar los bienes particulares declarados de utilidad pública y sometidos a expropiación.

Ello asf, por cuanto el art. 25 del decreto-ley 505/58 estatuye que la Dirección Nacional de Vialidad estudiará, proyectará, construirá, reconstruirá y conservará el sistema troncal de caminos nacionales, sus obras anexas y sus modificaciones; a cuyo efecto se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación, todos los terrenos, servidumbres o materiales reque- .

ridos para la apertura, trazado y construcción de los caminos previstos, sus obras anexas, complementarias y sus futuros ensanches y ampliaciones.

Cabe recordar que análoga prescripción contenía el art. 16 de la ley 11.658 (1932), reformado por la ley 12.625 (1939), cuya constitucionalidad fue declarada por V.E. en Fallos: 183:88 . Formulada la aclaración precedente, no caben dudas, en mi parecer, que resulta aplicable al sub lite el artículo 56 de la ley 21.499, toda vez que, no iniciado el proceso de expropiación por el ente federal, ni habiéndose .

celebrado un avenimiento entre las partes, correspondía -en principio- al propietario del bien afectado promover la acción de expropiación irregular (sin que esta conclusión importe abrir juicio sobre la concurrencia, en

Anterior ... | Siguiente ...

Apoya a Universojus!

Año: 1992, CSJN Fallos: 315:603 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-315/pagina-603