es ilegal debe rectificarse, y en primer término por la propia Administración pública, y a falta de ella por el órgano jurisdiccional competente. El administrado debe tener garantías de justicia respecto de la Administración pública". (Bielsa, Rafael "Derecho Administrativo", T. In° 40, p. 137, Ed.
El Atenco, 1947).
4") Que desde antiguo esta Corte ha afirmado la vigencia de tal principio, de indudable contenido ético, declarando que "... la Administración «que debe ser leal, franca y pública en sus actos..." no puede utilizar en su beneficio una posición ventajosa que no se apoya en una recta aplicación delaley, pues ese apartamiento del principio-de legalidad la colocaría en situación aun más desfavorable: "La ley no-considera como bienes los que traen más daño que provecho: regla tercera, título treinta y cuatro, partida siete: y no ha podido anteponer la pequeña ventaja de una fiscalidad injusta y excesiva, al respeto: que se debe al proceder de buena fe" (Fallos:
12:134 ).
5) Que el sometimiento del Estado moderno al principio de legalidad, lo condiciona a actuar dentro del marco normativo previamente formulado por ese mismo poder público que, de tal modo, se autolimita. El ejercicio de tal poder, por ende, no puede desvincularse del orden jurídico en que el propio Estado se encuentra inmerso, como lo ha señalado esta Corte entre otros: C.437.XX1111 "Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos s/ acción de amparo", del 23/6/92; Fallos: 312:1686 , voto del juez Belluscio; G.21.XXIIII "González Vilar, Carmen c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" del 18/6/91, disidencia de los jueces Levene (h) y Moliné O'Connor). 6) Que, en mérito a las razones expuestas, este Tribunal no ha de aprovechar el lucro ilegítimo generado por la decisión judicial que, aunque firme, se aparta del derecho vigente, por lo que dispondrá las medidas per- .
tinentes para que la ejecución -en su beneficio- de la sentencia antes mencionada, se adecue a las normas que rigen el caso.
7) Que, en consecuencia, la ejecución de la multa impuesta a la Dra.
Bauhoffer deberá limitarse al monto máximo previsto en el punto C de la resolución 497/91 de esta Corte, para la actualización del monto establecido en art. 6°) de la ley 17.116.
Apoya a Universojus!
Compartir
74Citar Página
Para citar esta página puedes copiar y pegar la siguiente
referencia:
Año: 1992, CSJN Fallos: 315:2773
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-315/pagina-2773¿Has encontrado algún error en el texto?
Por favor, tenga en cuenta que los textos mostrados en esta página web pueden contener errores ortográficos o ser difíciles de leer debido al proceso de reconocimiento óptico aplicado a documentos antiguos extraídos de los PDF de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Puede acceder a los documentos originales en el siguiente enlace: CSJN en específico en el Tomo: 315 Volumen: 3 en el número: 599 . Se recomienda utilizar los textos proporcionados aquí solo con fines informativos y considerar la fuente original para una referencia precisa.
Si encuentras algún error o tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos