En cuanto al fondo del asunto, sostiene que el pronunciamiento atacado resulta violatorio del debido proceso, pues ha resuelto una cuestión preclusa, como es su derecho al cobro de honorarios, resolución .
firme, consentida por todos los interesados, y no sometida por lo tanto a revisión. Destaca también que la sentencia le aplica como secretaria judicial disposiciones que no le son atribuibles, ya que sólo reglamen tanel régimen de dedicación exclusiva para los prosecretarios jefes de la Justicia Nacional, Dichas pautas —agrega— vulneran el principio de igualdad, pues el art. 30 de la ley 23.298 no hace distinción alguna sobre el particular, ynieldecreto ni la acordada establecen expresamente incompatibilidades que la afecten. . Se remite, asimismo, a disposiciones legales que habilitarían a los procuradores fiscales a cobrar sus honorarios a la parte vencida en el juicio —ley 17.516 art. 1° inciso b) y ?° y cc.—y al juez electoral de la Capital Federal a gozar de una remuneración otorgada por la Municipalidad de esta ciudad en forma periódica, por su intervención en comicios de concejales, sin que ello afecte el principio de dedicación exclusiva para ambos funcionarios. Concluye que el tratamiento que le dio la Cámara en la resolución atacada afecta el principio de igualdad ante la ley consagrado en los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional. , .
Añadió que el decreto nacional 5046/51 que dispone una gratifica- —.
ción a los funcionarios del Poder Judicial en los casos de reemplazo no _ ha sido expresamente derogado, por lo que la acordada 4/86 de este Tribunal no puede aplicarse a una labor de carácter transitorio y ajena a las funciones específicas, que requirió de un nombramiento especial, y la aceptación del cargo consecuente.
Puntualizó, finalmente, que la sentencia recurrida incurre en errores conceptuales, toda vez que la recurrente administrativamente .
depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y no de la Cámara Nacional Electoral. En tales condiciones el pronunciamiento atacado vulnera, a su juicio, los derechos de propiedad y de igualdad .
ante la ley consagrados en los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. . - —I— .. Debo destacar, en primer término, que el recurso extraordina-' rio ha sido deducido en la oportunidad procesal prevista por el
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Año: 1989, CSJN Fallos: 312:842
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