07) Que, en consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional ha obrado dentro de las facultades de carácter político que le son propias durante el estado de sitio (art. 23 de la Constitución Nacional, modificado por el Acta Institucional del 1? de setiembre de 1977 y reglamentada por la ley 21.650).
79) Que en cuanto a la impugnación constitucional del Acta Institucional del 19 de setiembre de 1977 y de la ley 21.650, esta Corte comparte los argumentos y conclusiones expuestos por el Señor Procurador Gneral en su dictamen, los que cabe dar aquí por reproducidos, en razón de brevedad, que se ajustan a la doctrina de Fallos: 299:142 .
87) Que en las notas de fs. 46 y 69/90 el beneficiario manifiesta haber sido detenido el día 6 de diciembre de 1977, permaneciendo en esa condición hasta que fuera puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto N° 975 del 4 de mayo del año siguiente.
En consecuencia, ante la posibilidad de haberse cometido en tales circunstancias un delito de acción pública, el juez de la causa deberá adoptar las medidas necesarias para promover la investigación pertinente ante el tribunal que corresponda intervenir en el hecho.
Por ello, de conformidad en lo concordante con lo dictaminado por el Señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada. Notifiquese y devuélvase, debiendo el juez de la causa obrar conforme lo ordenado en el considerando 80.
Césan Bracx.
FISCAL, v. JUAN JOSE ROSALES
RECUNSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propíos. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la fundamentación normativa.
Corresponde revocar la sentencia que —si bien consideró verosimil el error de hecho alegado por el procesado sobre su edad— lo condenó a pagar una multa por infracción al art, 35 de la ley 17.671, por entender probada la materralidad de la infracción por cuanto aquél había gestionado su docu
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Año: 1982, CSJN Fallos: 304:1844
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