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Pero, tampoco cabe duda acerca de que los términos del problema han ido cambiando desde entonces en su aspecto fáctico y, como consecuencia de ello, en su encuadramiento legal, La ley número 13.246 no es, ni en su contenido de fondo ni en lo que respecta a lu especial administración de justicia que prevé, una mera ocurrencia del legislador. Ella obedece a cambios profundos operados en las circunstancias y en las concepciones de las relaciones entre el capital y el trabajo, por una parte, y por la otra, aunque necesariamente ligada a lo anterior, en el campo de la economía, En torno a lo primero baste apuntar aquí que el sólo hecho de la activa intervención estatal en las relaciones entre capital y trabajo —el primero representado en este ámbito por el propietario del campo y el segundo por el arrendatario o aparcero—, y la consiguiente quiebra del principio de la autonomía de la voluntad, son suficientes para demostrar que las nuevas formas contractuales no pueden encajar naturalmente dentro de una concepción estrictamente privatista como es la del Código Civil vigente.

En este sentido, disposiciones como las que fueultan al Poder Ejecutivo Nacional para proceder con medidas de carácter general a la revisión del precio de los arrendamientos o de los porcentajes de distribución de los frutos en los contratos de aparcería cenando exista desequilibrio entre el costo de la producción y el valor de los productos obtenidos debido a enusns de índole general o regional (arts. 5° y 30 de la ley 13.246), o como la que establece que el Ministerio de Agricnltura fijará las condiciones técnicas en que será permitida la continuación de la explotación en los censos en que se haya producido explotación irracional del suelo, la que por su parte queda prohibida (art. 8"), prueban

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Año: 1953, CSJN Fallos: 227:651 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-227/pagina-651