ten referencias hechas en los documentos mencionados y la au torización para que se ocupen los terrenos (julio 26 y 29 de 1887, fs. 64), no constando la fecha en que se hizo uso de esta autorización. En consecuencia, no está probada la posesión treintenaria que se invoca comó generadora de la prescripción adquisitiva, no pudiendo considerarse como actos posesorios con ánimo de dueño los estudios hechos por el Gobierno para la determinación de la cota + 5.20, y los demás que haya efectuado a los efectos de la navegación y comercio, sino actos jurisdiccionales tendientes a este fin.
Que, como se deja establecido, los actores basan sit demanda en el derecho real de propiedad y la acción que entablan es la reivindicatoria, cambiada tan sólo en sus efectos, en razón de que a esa fecha había sido ya declarado de utilidad pública el bien discutido; por consiguiente, la prescripción liberatoria de diez años que también opone el demandado, es improcedente por no tratarse de una acción personal como éste le pretende (Suprema Corte, tomo 122 pág. 392 y otros).
Que en cuanto a lo que se relaciona con la cota + 5.20, de que hace mérito la demandada, aún suponiendo que el terreno en litigio se encontrara dentro de esa cota, lo que no se desprende «del informe de los peritos de fs. 95 a 98 vuelta, no por ello la Empresa del Puerto estaría desligada de pagar indemnización, por no tratarse de terrenos cubiertos permanentemente por las aguas del río, que es el caso de excepción establecido por la Suprema Corte y esta Cámara en casos análogos.
Por esto, se revoca la sentencia apelada de fs, 125 v.a 129, y se condena a la demandada a pagar el valor del terreno cuestionado a la época de su ocupación material a los fines de la construcción de las obras del puerto, que debe ser justipreciado por peritos en el procedimiento de expropiación, con más los intereses, que se avaluarán a estilo de los que cobra el
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Año: 1926, CSJN Fallos: 145:159
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