DE JUSTICIA DELA NACION 871 230 nales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79 ), toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (doctrina de Fallos: 238:76 )." "Con referencia al derecho de propiedad, se ha señalado que no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Es que hay limitaciones impuestas por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradójicamente, también están destinadas a proteger los derechos presuntamente afectados, pues existe el riesgo de que se conviertan en ilusorios ante procesos de desarticulación del sistema económico y financiero (Fallos: 313:1513 , consid. 56, p.1554)." "La restricción que en tales casos el Estado impone al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato. También está sometida al control de constitucionalidad, toda vez que a diferencia del estado de sitio, la emergencia no suspende las garantías constitucionales (conf.
Fallos: 243:467 , voto de los jueces Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid y Julio Oyhanarte; 315:2300 y 2328)" "En esta enumeración es imprescindible detenerse en el caso "Avico c. De la Pesa" (Fallos: 172:21 ), donde se enjuiciaba la validez constitucional de ley 11.741, en cuanto dispuso prorrogar por tres años las obligaciones garantizadas con hipoteca que se hubieran hecho exigibles por vencimiento del plazo, así como limitar los intereses durante su vigencia." "Al emitir la opinión del Ministerio Público, el Procurador General, Dr. Horacio Larreta (dictamen del 6 de septiembre de 1934), expuso el tema central de debate en los siguientes términos: "la cuestión que se plantea gira alrededor de la modificación que introduce la ley cuestionada, en los contratos celebrados entre particulares, sosteniéndose que el Congreso no ha podido alterar las convenciones privadas, que forman la ley que las mismas partes se han dado. El problema jurídico consiste, por consiguiente, en determinar si frente a la ley que las partes han creado para regir sus obligaciones cesa el poder de le1 Us 2-MARZO-20,65 7 20/2/2007, 1757
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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:871
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