2) Que, para pronunciarse en el sentido indicado, el tribunal de alzada, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal "no tiene agravio autónomo para recurrir laresolución cuestionada", pues "noresulta parte necesaria en expedientes comoel presente" y porque aquella resolución "no le causa un gravamen irreparable" (conf. fs. 89 de los autos principales). En este sentido, afirmó que al haber asumido la Administración Federal de Ingresos Públicos —organismo al que esa sala reconoció legitimación activa para intervenir en casos en que se cuestiona la legitimidad y validez de un acto dictado por las autoridades quelointegran—la representación del Estado Nacional, por aplicación delosarts. 96 y 97 delaley 11.683 (texto ordenado por decreto 821/98) y el art. 27 dela ley 24.946, no correspondía la intervención del Ministerio Público Fiscal en esta causa.
3) Quecontraloasí resueltoel señor fiscal general antela cámara dedujo el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen ala presente queja. A su turno, el señor Procurador General mantuvo la presentación directa interpuesta por el mencionado funcionario mediante el dictamen que obra a fs. 23/26 vta. de estas actuaciones.
4°) Quesi bien, en principio, las decisiones de índole procesal que noresuelven el fondo de la cuestión controvertida, no son impugnables por la vía del recurso extraordinario (Fallos: 245:179 ; 268:567 , entre otros), cabe hacer excepción a ese principio cuando —como ocurreen el sub lite-la resolución impugnada impide la intervención del recurrente en el proceso, y afecta el ejercicio de las funciones que la ley encomiendaal Ministerio Público, no sólo comotitular dela pretensión punitiva que se ejerce en la esfera penal, sino también como magistratura de control, a fin de custodiar el orden público y la defensa del orden jurídico en su integridad (Fallos: 311:593 ; 315:2255 ), conclusión que actualmente encuentra sustento en lo establecido en el art. 120 de la Constitución Nacional (Fallos: 319:1855 ).
5°) Que no cabe duda de que el Ministerio Público tiene facultades para intervenir en el proceso, de conformidad con las funciones quele confieren la Constitución Nacional (art. 120) y la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946). Al respecto debe señalarse —tal como se mencionó precedentemente— que su actuación trasciende el exclusivo propósito persecutorio; y que el art. 25 de la ley encomienda a dicho órgano —entreotras funciones— promover la actuación dela justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad inc. a), representar y defender el interés público (inc. b), velar por la
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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:4739
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