para exigir la confidencialidad de datos, no puede extenderse, tratándose de informes correctos, a todo tipo de información, en particular, a la de alcances comerciales y/o financieros (fs. 86/91).
A su turno, la alzada comercial, coincidiendo, en lo sustantivo, con el dictamen del Sr. Fiscal General (fs. 123/124), desestimó el recurso de la actora (fs. 92 y 102/107), con apoyo en que: a) no se advierte arbitrariedad, errores axiológicos evidentes ni desactualización de datos -máxime, frente a las acciones iniciadas por la actora a fin de determinar la deuda y consignar su pago, extremo que viene a confirmar, añade, la índole, prima facie, veraz de lo informado; b) el asunto no satisface las condiciones de excepción y urgencia requeridas por el amparo; y, €) la actora no logró evidenciar un quebranto de orden constitucional. Lo anterior es así, aclaró, en el marco de continencia de la causa y sin adelantar opinión sobre una eventual acción principal y autónoma sobre el tema (v. fs. 125/126).
Contra dicha decisión, la actora interpuso recurso extraordinario fs. 132/139), que fue contestado (fs. 144/149) y denegado -lo reitero— a fs. 152, dando origen a esta queja.
— II La recurrente aduce arbitrariedad con fundamento principal en que la sentencia vulnera las disposiciones de los artículos 18 y 43 de la Constitución Nacional, en tanto que: i) la información es falsa y discriminatoria y la accionada no ha acreditado la fuente de la misma, bastando a los fines del hábeas data que la vía sea idónea aunque se cuente con otras; ii) la pretensora no reconoce deuda alguna con el BID (Banco Integrado Departamental) ni la condición de morosa, limitándose a señalar que tramita dos procesos contra dicho banco en concepto de revisión de contrato y pago por consignación, los que se encuentran pendientes; iii) la accionada no probó la fuente de información de los datos sobre la actora; lo que resalta tan pronto se advierte que el BID fue declarado en quiebra en junio de 1996 y la información habría sido proporcionada por esa entidad en octubre de 1997; iv) la inferencia que tiene a la actora por morosa por mantener dos juicios contra la entidad financiera vulnera la garantía de la defensa en juicio; v) la situación de la actora no encuadra en ninguna de las categorías de deudores elaboradas por el Banco Central mediante las comunicaciones pertinentes, habiéndose probado en autos que la en
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Año: 2005, CSJN Fallos: 328:801
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