establecido en el art. 14 de la ley 24.049, pues en esos períodos los impuestos fueron cancelados —en una proporción significativa— mediante títulos públicos nacionales, lo cual ocasionó un desfase entre los niveles de recaudación y la distribución a los distintos partícipes del régimen de coparticipación federal.
Relata que, ante esa situación, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1686/02 mediante el cual transfirió al conjunto de provincias doscientos sesenta millones de pesos ($ 260.000.000) en concepto de "adelantos transitorios de fondos coparticipables", hasta tanto se instrumentaran los mecanismos de distribución de lo recaudado en títulos públicos.
Concluye que ese monto equivale ala distribución teórica de los regímenes coparticipables financiados con la recaudación de impuestos nacionales cancelados a través de títulos públicos durante el mes de agosto de 2002, incluida la correspondiente ala ley 24.049 cuestionada en esta litis. En razón de ello, niega que exista una arbitraria e ilegítima omisión imputable al gobierno nacional respecto de su obligación de remitir fondos que manda a proveer la ley antes citada, así comola afectación de derechos y garantías de la actora a través de su conducta.
111) A fs. 31/33 se dedaró la competencia originaria de este Tribunal para intervenir en el reclamo por vía de su instancia originaria y se hizo lugar ala cautelar sdicitada.
Considerando:
1°) Que en primer términoresulta necesario analizar si la garantía definanciamiento del art. 15 dela 24.049, se encuentra ono vigente, en el marco del "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de |mpuestos" del 27 de febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570 (art. 2), de los decretos nacionales 1682/02, 2026/02, 2253/02, 2737/02, entreotros, demás antecedentes, y en la recta interpretación de sus términos.
2) Que la ley 24.049 facultó al Estado Nacional a transferir alas provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1° de enero de 1992, los servicios educativos administrados en for ma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo
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Año: 2005, CSJN Fallos: 328:4667
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