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tratar y de usar y gozar de la propiedad —restricciones a la financiación de los partidos políticos, a la extensión de la campaña electoral, prohibición de organizar y practicar juegos de azar, de vender bebidas alcohólicas—; a la libertad de expresión —veda de declaraciones proselitistas de los candidatos durante un cierto tiempo, prohibición de entrega debdetas de sufragio—; al derecho de reunión —prohibición de mitines, espectáculos públicos, eventos deportivos, etc.—.

La constitucionalidad de limitaciones como las descriptas ya ha sido sostenida por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en base al interés apremiante que tiene el Estado en proteger a los electores de la confusión y la influencia indebida, interés que se extiende a preservar la integridad del proceso electoral. Ello así, pues el derecho a votar libremente por un candidato es de la esencia deuna sociedad democrática ("Reynolds v. Sims", 377 U.S. 533 [1964]). De hecho, en un país libre no existe derecho más preciado que el derecho de tener voz en la elección de aquellos que hacen las leyes bajo las cuales, como buenos ciudadanos, debemos vivir; otros derechos —aun los más bási cos— se tornan ilusorios si el derecho a votar se ve debilitado ("Wesberry v. Sanders", 376 U.S. 1, [1964]). En definitiva, el Estado tiene un interés apremiante en asegurar que el derecho de los individuos a votar no sea debilitado por el fraude en el proceso electoral.

De esta manera, la Corte estadounidense reconoció la validez de una ley del Estado de Tennessee según la cual, dentro de una distancia de 100 pies desde la entrada del lugar de votación, quedaba prohibida la distribución y el despliegue de materiales de campaña, así como también la incitación a votar a determinado candidato ("Burson v. Freeman", 504 U.S. 191, 1992). Para así decidir, el Tribunal señaló quela validez de semejante restricción resultaba no sólo dela existencia del interés del Estado al que se aludió en el párrafo precedente, sino también de su necesidad para el cumplimiento de la finalidad perseguida. Al respecto, un análisis de la evolución de las sucesivas reformas electorales tanto en Estados Unidos como en otros países —que revela una lucha persistente entre dos males: la intimidación y el fraude electoral— demuestra claramente la necesidad de zonas restringidas dentro o alrededor de los lugares de votación, a fin de preservar el interés del Estado en prevenir aquellos males.

Dentrode ese mismo orden de limitaciones debe inscribirse la prohibición de difundir encuestas de intención de voto y de boca de urna,

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Año: 2005, CSJN Fallos: 328:1849 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-328/pagina-1849