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Por tal razón, el planteo formulado ha de ser examinado con particular estrictez.

—V-

El thema decidendum estriba en determinar si, comolo sostiene el juez de la causa, la inaplicabilidad de la sentencia de ejecución fiscal afectó, en autos, derechos constitucionales tales como el debido pr oceso, el derecho de propiedad, la defensa en juicio y, fundamentalmente, el principio de legalidad y razonabilidad, por resultar inhábil el título que sirve de base al proceso.

Contrariamente a ello, pienso que la limitación realizada por el legislador ala posibilidad de apelar ante la segunda instancia aquellas sentencias dictadas en los procesos de ejecución fiscal, implica una cuestión de política legislativa en la regulación del proceso, extremo que, en principio, queda excluido del control por parte de los jueces, toda vez que el derecho de defensa en juicio es, como todo otro derecho, susceptible de una razonable y adecuada reglamentación (arg. de Fallos: 310:854 y 870; 311:2177 ) por parte de los poderes del Estado.

Además, no puede ocultarse que, en el caso que ahora nos ocupa, dicha reglamentación no resulta definitiva dado que, por principio, el contribuyente goza de la posibilidad de rever su situación mediante un juicio ordinario posterior al apremio. Ello es así, pues el acto de cobro —aun si a él se arriba por vía de ejecución fiscal— no incide sobre la causa de la deuda, en el sentido de que la percepción no significa, por sí, definitiva adquisición por el Fisco de la suma ingresada.

Por lo demás, cabe señalar quela multiplicidad deinstancias no es una condición cuya ausencia vulnere per se el derecho de defensa en juicio (Fallos: 238:305 ; 244:480 , entre otros), ya que subsisten en la especie otras vías revisoras para obtener el reconocimiento del derecho invocado, motivo por el cual la restricción a la apelabilidad de la sentencia de ejecución fiscal establecida por el art. 92 de la ley 11.683 no se evidencia como lesiva de las garantías constitucionales de la demandada.

Finalmente, resulta oportuno destacar que lo dispuesto por el art. 92 de la ley 11.683 tampoco impidió, ante casos concretos en que la limitación de la garantía de defensa en juicio podía resultar irre

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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:3029 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-326/pagina-3029