resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investiga ción, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cuestiones penales. Pluralidad de delitos, Corresponde a la Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entender en la causa en la que se investiga la comercialización de los títulos públicos que adquirió la provincia en virtud de un acuerdo celebrado con el Estado Nacional, y en la que existiría la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad por parte de los funcionarios que intervinieron en las operaciones de compra y venta de bonos de consolidación ley 23.982 dispuesta por el Banca de la Provincia de Tierra del Fuego, pues en esa jurisdicción se domicilia la mayoría de los imputados, tiene su sede el banco que actuó como agente financiero de los fondos provinciales y desde el cual se impartieron órdenes referentes a las negociaciones, lugar donde se debieron rendir cuentas de la gestión y se sustancia otro proceso por hechos estrechamente vinculados a los anteriormente descriptos.
DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL
Suprema Corte: —La presente contienda positiva de competencia se suscitó entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 12 y del Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación del Distrito Sur, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a raíz del pedido de inhibitoria que el primero le dirigió al último, en la causa donde se investiga la comercialización de títulos públicos, cuya propiedad adquirió la provincia con motivo del acuerdo celebrado con el Estado Nacional, el 17 de diciembre de 1993, para poner fin a las cuestiones provenientes del proceso de provincialización.
De acuerdo a la ampliación del requerimiento fiscal de instrucción, se trataría de investigar la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad por parte de los funcionarios que decidieron y autorizaron múltiples operaciones de compra y venta de bonos de consolidación ley 23.982, dispuesta por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego y realizadas a través del agente de bolsa Gustavo García, que habrían generado millonarias comisiones para los intermediarios y cuantiosas pérdidas para el patrimonio
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Año: 2000, CSJN Fallos: 323:2583
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