que su única posibilidad era aceptar la expulsión de hecho o seguir presos en ese horrendo y aberrante lugar de detención, o peor aún, pasar a integrar la nómina de los detenidos desaparecidos.
— II As. 54/57, el Estado Nacional -Ministerio del Interior—, al elevar el recurso en los términos del art. 3° de la ley N° 24.043, se opuso ala pretensión.
Sostuvo que, de la interpretación armónica y razonable de la ley citada, se desprende claramente que todas sus disposiciones estuvieron referidas a quienes sufrieron detenciones ilegítimas durante el Último régimen militar y el período en que rigió el estado de sitio que culminó el 10 de diciembre de 1983.
En el caso de las personas que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el régimen de facto reglamentó el derecho constitucional de opción de salida del país, por medio de la ley 21.650. Para estos supuestos, la ley 24.043 dispuso que seindemnice hasta el levantamiento del estado de sitio, porque aquella opción no suspende la orden de arresto.
La actora, afirmó, no cumplió con los trámites previstos en la ley 21.650 y, por lotanto, no corresponde que el beneficio que ahora solicita se extienda sobre un período respecto del cual no cumple los requisitos legales.
También negó que haya sido "expulsada", pues medida de carácter migratorio está limitada a los extranjeros y no podría alcanzar alaactora, que es de nacionalidad argentina y que, además, no contaba con el decreto de detención a disposición del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, destacó que la actora continuaba viviendo en VeneZuela, circunstancia que demuestra que no se encontraba imposibilitada de regresar al país y que de su propio escrito recursivo surge que gozaba de libertad ambulatoria antes de su salida, lo que contradice aún más con los requisitos previstos para la opción, limitados a los que se encontraban bajo arresto.
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Año: 2000, CSJN Fallos: 323:1495
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