319 tales tratados regulan restricciones a la libertad, su cumplimiento se vincula no sólo con esa garantía constitucional, sino también con las de defensa en juicio y de debido proceso. o 7) Que ha dicho esta Corte que, aunque sea una obligación de los Estados prestarse mutua ayuda para la represión del delito, no cabe prescindir en absoluto de lo que los tratados disponen en materia de formas con miras a garantizar la seriedad de sus pedidos para salvaguarda de derechos del extraditado, ni pueden dejarse de lado textos legales cuyo contenido es el producto del expreso acuerdo de voluntades de los gobiernos que los aprobaron (Fallos: 267:405 ) 8) Que, como lo destaca el señor Procurador General, los tratados de extradición, al definir las formas y requisitos de las demandas de esa naturaleza, excluyen toda otra posibilidad para que los Estados signatarios soliciten la entrega de los presuntos delincuentes por otras vías. Si ello no ocurriera así, perderían eficacia las garantías que establecen tales acuerdos, que entonces sólo constituirían un medio, entre otros, para lograr la entrega de las personas reclamadas.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se resuelve que no corresponde dar curso al pedido de extradición formulado y se declara la nulidad de lo actuado a partir de fs. 403. Notifíquese, hágase saber al Poder Ejecutivo a los fines que hubiere lugar y devuélvase.
JuIo S. NAZARENO — EDUARDO MoLINÉ O'Connor — CARLos S. FAYr — AUGUSTO CÉsar BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) — ANTONIO BOGGIANO (en disidencia) — ADoLro ROBERTO VÁZQUEZ su voto).
VoTo DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ Considerando:
Que por no haberse solicitado la extradición de Edgardo Liendo Arriaga, como lo señala el señor Procurador General en su dictamen de fs. 665, según las disposiciones del Tratado de Derecho Penal Inter
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Año: 1996, CSJN Fallos: 319:518
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