bulo y los deberes-facultades establecidos en los incisos 12, 13 16 y 28 del art. 67 de la Constitucional Nacional tienen razón de causa final y móvil principal del Gobierno Federal, no cabe sino concluir que éste no puede ser enervado en el ejercicio de esos poderes delegados, en tanto se mantenga en los límites razonables de los mismos conforme a las circunstancias. Ese es, por lo demás, el principio de supremacía que consagra el art. 31 de la Constitución Nacional.
FACULTADES DELEGADAS.
Si bien es cierto que en tanto los poderes de las provincias son originarios € indefinidos (art. 104 de la Constitución Nacional). los delegados « 74 Nación son definidos y expresos, no lo es menos que estos últimos no constituyen meras declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se instituyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme a los principios de su institución. De no ser así, aquellos poderes resultarían ¡lusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron.
GOBIERNO FEDERAL,
Las facultades provinciales no pueden amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional, ni justifica la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de la Nación toda.
El sistema federal importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin; no debe verse aquí enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos en vista de metas comunes.
CONSTITUCION NACIONAL: Constitucionalidad e inconstitucionalidad. Decretos nacionales.
No es inconstitucional el art. 3? del contrato de concesión —aprobado por decreto 1.247/62— celebrado entre el Estado Nacional y SEGBA, que pone a cargo de la autoridad que ejercita la obra pública —en el caso la Provincia de Buenos Aires— todos los gastos y costos de remoción, retiro, traslado y otras tareas que fuera necesario realizar, habida cuenta que no importa sino la salvaguarda de la integridad de los poderes delegados y tiende a asegurar la eficacia de los medios necesarios para alcanzar los fines de aquéllos.
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Año: 1983, CSJN Fallos: 305:1849
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