causante. A su vez, la falta de una decisión del tribunal de alzada sobre la aplicabilidad del plazo de prescripción bienal del art. 4000 del Código Civil —punto que, por lo demás, fue tratado por la sentencia de primera instancia—, se justifica porque la cuestión no influye en la solución, puesto que, según dejó establecido la Cámara, este plazo, aunque rigiera, de todos modos no había vencido cuando se iniciaron las demandas. En estas circunstancias, tiene aplicación al caso la reiterada jurisprudencia del Tribunal, conforme a la cual los jueces no están obligados u tratar todas las cuestiones propuestas por las partes y todos los argumentos aducidos sino sólo los que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 272:225 ; 276:132 ; 280:320 ).
5) Que tampoco prospera la tacha de arbitraricdad motivada en violación de normas del Código Civil. Pues la sentencia apelada cuenta con fundamentos de hecho, prueba y de derecho común suficientes para su sustento, que impiden su descalificación como acto judicial (Fallos:
6") Que en lo que respecta a la regulación de honorarios, si bien cabe hacer excepción a la regla según la cual la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias efectuadas por los jueces de la causa no son revisables por la vía extraordinaria en atención a su naturaleza fáctica y procesal (Fallos: 270:388 , 444; 277:248 ; 284:112 , entre otros), cuando la regulación cuestionada carece de fundamento válido o es irrazonable por la manifiesta desproporción de los montos fijados con la labor ejecutada y la cuantía de los intereses debatidos (Fallos: 280-48 y sus citas), no se dan en el sub lite tales supuestos excepciomales. Cabe destacar, en tal sentido, que las consideraciones efectuadas por el a quo acerca de las particularidades del caso y del carácter de las deudas por honorarios brindan a la sentencia un fundamento no federal que basta para sustentarla, el cual, por lo demás, no ha sido refutado por la recurrente.
Por ello, y lo dictaminado por el Sr. Procurador General, se desestima la queja.
Aporro R. Canueri: — ALEJANDRO KR. CaHIDE — ABELARDO F. Rosst — Penro J. Frías.
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Año: 1977, CSJN Fallos: 297:259
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