cripción de la acción deducida, a la declaración de arbitrariedad de la resolución N" 266/62 de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, a la ampliación del período para determinar la indemnización por daños y perjuicios y a la condena por lucro cesante y "valor llave", 4) Que atendiendo al orden de las cuestiones propuestas para la decisión de la causa y conforme a una invariable y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la defensa de prescripción debe ser considerada y resuelta en primer lugar (Fallos: 186:477 ; 204:626 y muchos otros).
5) Que con los objetivos perseguidos por la cláusula constitucional que faculta al Congreso para promover nuevas industrias mediante leyes protectoras de esos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estimulo (art. 67, inc. 16), fue dictada la ley 14781 que estableció un régimen destinado a crear y mantener las condiciones necesarias para dar seguridad al desarrollo integral y armónico de la producción industrial del país (art. 19).
Para alcanzar esos propósitos, la ley autorizó al Poder Ejecutivo a tomar diversas medidas, como la de liberar o reducir los derechos y adicionales aduaneros para facilitar la importación de maquinarias y equipos que la industria nacional no estaba en condiciones de proveer, otorgar créditos preferenciales, eximir de tributos por períodos determinados, etc.
La industria automotriz, por su gravitación económica y los servicios que presta al transporte, fue incorporada a los beneficios de dicha ley por el decreto 3693/59 (25 de marzo de 1959) que estableció las pertinentes normas reglamentarias.
Las empresas que se acogieran a ese régimen promocional debían acreditar su capacidad técnica y Financiera, poseer equipos, maquinarias y utillaje de alto rendimiento y eficacia, contar con planta fabril propia y obtener la aprobación de sus respectivos planes de producción e inversión Resoluciones de la Secretaría de Industria y Minería, números 17/59, 28/59 y 145/59).
El mismo decreto determinó las categorías de vehículos que podrían fabricarse, los porcentajes de integración con partes de origen nacional e importado, los recargos aplicables en este último caso y las sanciones a que quedaban sujetos quienes dieran otro destino « esc material, Por su parte, la Secretaria de Industria y Mineria, como organismo encargado de aplicar el régimen del decreto 3693/59, estaba obligada a extender a las empresas los certificados de despacho a plaza, conforme a los planes de producción aprobados.
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Año: 1976, CSJN Fallos: 296:675
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