DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 347 actividad profesional cuyo desenvolvimiento ordenado y decoroso constituye una exigencia del interés público. $ Para sati La verdadera naturaleza de las medidas disciplinarias a que acaba de aludirse surge de las decisiones de V. E., referentes a las sanciones que imponen las Cámaras del Congreso y los tribunales. La Corte ha declarado, de antiguo, que tales sanciones no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer penas (Fallos: 19:231 ; 116:96 ; 203:399 ; 239:267 ; 241:419 y 245:25 y 284). Ello sentado, cabe señalar que el sentido preciso del principio "nullum crimen, nulla poena sine previa lege", es el de que no puede imponerse sanción penal alguna si-ésta no ha sido antes establecida por el legislador como consecuencia de una acción descripta específicamente por la ley. Se excluye, enton ces, toda posibilidad de delegación de ese poder, tal como fuera declarado por V. E. en el recordado caso de Fallos: 237:636 , de acuerdo con el dictamen de mi predecesor en el cargo. Mas, si se tiene en cuenta la sustancial diferencia existente entre la sanción penal y la rredida disciplinaria, no parece correcto extender a la segunda una regla que ha sido enunciada para la primera atendiendo especialmente a la peculiar calidad de ésta. Por otra parte, la doctrina reconoce que el principio referido es, en el consenso general, ajeno a la órbita de lo disciplinario (v. Manzixi, Tratado de derecho penal, Buenos Aires, 1948, t. 1, p. 134; SorEr, Derecho penal argentino, t. 1, p. 23). En consecuencia, no es forzoso que las acciones susceptibles de ocasionar la imposición de medidas disciplinarias senn descriptas detallada y concretamente por el legislador. Por ello, no debe verse una indebida delegación del poder legislativo en la norma del inc. 7? del art. 18 del ya citado decreto-ley 5103/45, que atribuye al órgano encargado de funciones de policía profcesional la misión de especificar las conductas que hayan de dar lugar a las medidas disciplinarias cuya aplicación le corresponde.
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Año: 1961, CSJN Fallos: 251:347
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