problemas aludidos son del resorte de las autoridades aduaneras, organizadas precisamente para conocer y decidir en ellos, con especial competencia; autorizándose, asimismo la intervención del Ministerio de Haciendo por vía de aprobación de los pronunciamientos previos, adoptados de oficio o por consulta, o de recursos acordados contra resoluciones en casos particulares.
La vigencia de estas normas de despacho, en la fecha de la promulgación de las leyes Nros, 11.693 y 11.823 (julio 31 de 1933 y 4 de octubre de 1933, respectivamente) no ofrece así duda alguna, revelando de igual modo, que no existe en la aplicación de la Resolución R. F. 51/42 al reclamo que motiva este recurso, violación de preceptos constitucionales ni legales, correspondiendo añadir que esa Resolución ha sido aplicada por decreto del Poder Ejecutivo de agosto 26 de 1946 (fs. 73) en el reclamo administrativo que dedujera la actora.
Que cabe aun destacar que, el referido procedimien"to y sus consecuencias, no importa tampoco alteración de nomenclatura ni de aforo, los cuales se mantienen intactos, ya que lo único que se aclara y determina es el concepto preciso, el sentido exacto y el alcance de la expresión legal de genérica acepción y ello con el claro propósito de individualizar determinada calidad en concordancia perfecta con el enunciado de la ley. Casi superfluo resulta advertir que, una resolución administrativa de la naturaleza de la examinada, podrá provocar la controversia judicial y su correlativo pronunciamiento reparador, si resultare claramente arbitraria, lo que en el caso no se ha invocado, ya que la pretensión en sí misma aparece apoyada en un error respecto de las facultades expresamente conferidas al Ministerio de Hacienda por la ley y disposiciones reglamentarias en vigor al tiempo de hallarse en ejercicio el Tratado con Ingla terra,
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Año: 1949, CSJN Fallos: 215:315
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