por ellos gobernadas. Cuál sea el alcance institucional de estas instrucciones en orden al juicio que debe hacerse de las facultades de los interventores, y aun cuál sen el de estas últimas, —con prescindencia de las instrueciones mencionadas—, en orden al ejercicio de funciomes legislativas, no tiene que ser dilucidada en este caso porque el acto del Interventor fué ratificado por el Gobierno central por decreto del 19 de mayo de 1945.
Con ello la cuestión se ha convertido en la de saber si el Gobierno central estaba o no facultado para declarar la existencia de la utilidad pública de que se trata y que según el art. 17 de la Constitución debe ser calificada por ley, y subsidiariamente, en la de saber si la ratificación convalidó el acto del Interventor. Pero puesto que la atribución legislativa del Gobierno nacional de hecho no fué puesta oportunamente en tela de juicio, según quedó explicado, sólo queda en pie lo relativo a los efectos de la ratificación sobre un litigio promovido y fallado en primera instancia antes de ella, cuestión procesal y de derecho común exclusivamente librada a los jueces locales —arts. 67, inc. 11, y 105 de la Const. Nacional— que no da lugar al recurso extraordinario —Fallos: 190, 597; 194, 56 y 284, Que la precedente conclusión hace que deba desecharse también el fundamento relativo a la carencia de atribuciones del Interventor. Si ha de partirse de que el acto del Gobierno Nacional que ratificó el decreto de la Intervención del 20 de mayo de 1944 debe tenerse en el caso por ejercicio válido de la facultad legislativa de disponer una expropiación por causa de utilidad pública, sen que el fundamento de que se está tratando se refiera al carácter interino del Interventor, —euya condición de tal al dictar el decreto de expropiación no se desconoce—, sea que aluda a los límites
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Año: 1946, CSJN Fallos: 204:326
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